El abogado de los vecinos de Bajo La Cuesta, José Ortega, reclama al Ayuntamiento de Candelaria que actúe contra los propietarios del talud ubicado en la trasera de las viviendas de este núcleo costero. Critica que el consistorio siga adelante con sus planes de desalojo de los vecinos "en lugar de actuar primero contra los responsables de que pueda caer alguna piedra", que es el motivo esgrimido por la administración para justificar el desalojo de estas viviendas.

Ortega matiza que "los vecinos no han visto en los últimos años más desprendimientos que el de una pequeña piedra que le dio a un Opel Corsa en enero, pero sorprende que el Ayuntamiento de Candelaria se agarre a eso y a otros estudios teóricos para plantear un desalojo, en lugar de instar primero a los propietarios del talud a que aseguren la zona".

"El expediente que tiene que abrir la alcaldesa es el que afecta a los propietarios del talud, y dejarse de llamadas y correos electrónicos que no tienen ninguna validez", subrayó. Según Ortega, "el talud pertenece a los herederos de Juan Galán y a la empresa Endesa, que pestañea y pone a temblar al ayuntamiento".

"A lo mejor el ayuntamiento se lleva la sorpresa de que los vecinos deciden desalojar temporal y voluntariamente Bajo La Cuesta si ven que se inician los trabajos para asegurar el talud. Si no, no los mueve nadie. No vamos a permitir un desalojo definitivo encubierto", sentenció.

"Si el talud es peligroso, que les pidan a los propietarios que eviten el peligro, pero, claro, para el consistorio es más fácil meterse con los débiles y poner en marcha la maquinaria para un desalojo -critica-. Si no te apuntas a la teoría de que aquí existe una conspiración por intereses inmobiliarios, que lo explica todo, esto resulta surrealista".

El representante de los vecinos no considera que el desalojo pueda producirse pronto: "Los juzgados cierran en agosto y todavía hay muchas cuestiones que resolver". A su juicio, "si el Ayuntamiento de Candelaria sigue por este camino, en septiembre empieza la guerra. Habrá tensiones serias".

El gobierno de Candelaria (PSOE-CC) emitió esta semana un comunicado en el que aseguró que "se están tramitando las notificaciones a los propietarios del talud de Bajo La Cuesta, procedimiento en el que trabajan los servicios técnicos y jurídicos municipales".

Además, anunció que "en los próximos días la Policía Local procederá a la notificación a los vecinos de la zona, concediendo un plazo de cinco días para que se produzca el desalojo voluntario. Una vez agotado ese plazo, se volverá a comprobar si se ha producido, de no ser así se requerirá a los vecinos su consentimiento para el desalojo y de no producirse, finalmente el ayuntamiento enviará el expediente al juzgado".