La información política ofrece en general pocos motivos para sentirse optimistas. Y cuando los ofrece, los periodistas solemos aplicar aquella vieja fórmula que dice que las buenas noticias no son noticia. Yo creo que eso es rematadamente falso. Creo que es noticia -y buena- que el Gobierno Rajoy haya decidido incluir quince millones de euros en los presupuestos de 2016 para hacer frente a las obras de culminación del anillo insular. Y que se haya logrado por el esfuerzo conjunto de mayoría y oposición en el Cabildo de Tenerife. Manuel Domínguez, presidente del PP en la Isla, ha tenido una importante participación en la resolución de esa reclamación presupuestaria, que exigen las corporaciones de Tenerife al Gobierno de España desde hace años. Y lo ha tenido, además, desde la discreción y el compromiso por los intereses de la Isla y de su partido, entendidos con sensatez y no desde el "cuanto peor mejor" que ha sido la tónica de estos últimos años. Quienes interpretan el reconocimiento de ese papel por parte de Carlos Alonso como otro guiño de acercamiento al PP, se equivocan. Alonso sabe mejor que nadie que la colaboración de Domínguez ha sido determinante. Es cierto que sin las elecciones a la vuelta de la esquina, las gestiones del presidente insular del PP con Madrid, y sus interminables reuniones para convencer a los técnicos de la necesidad de financiar el proyecto, quizá no habrían tenido éxito alguno. Es significativo -y también una buena noticia- que el PP esté aflojando en los últimos días en las inversiones en infraestructuras necesarias en Canarias. No sólo en el cierre del anillo de Tenerife, también en el nuevo trazado de la carretera a La Aldea, en Gran Canaria, una obra absolutamente imprescindible, cuyo retraso ha provocado algunos graves accidentes en los últimos años.
Otra buena noticia de este pasado fin de semana ha sido la reconducción del conflicto abierto entre el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno regional a cuenta de la regasificadora de Arinaga. El encuentro entre Soria y Clavijo acabó inopinadamente en una suerte de canto al gas, que más parecía una declaración de guerra a las nuevas autoridades Gran Canarias. Personalmente, me parece absurdo rechazar la posibilidad de reducir la dependencia del petróleo con el uso de un combustible también fósil, pero menos contaminante. Lo posible puede ser peor que lo óptimo, y aún así mejor que lo que hay. Pero la decisión de dar los pasos para implantar o no el gas en Gran Canaria corresponde al Cabildo. Y eso es lo que ha venido a reconocer Clavijo durante su encuentro con Antonio Morales: que se trata de una decisión autónoma de las autoridades de la Isla. El Gobierno tiene derecho a informar a los grancanarios de cuál es su postura y también a defenderla. Pero no puede puentear la autonomía del Cabildo, ni imponer una modificación del Plan Insular. El gas es un asunto de Gran Canaria que deberá resolver Gran Canaria. Es bueno que las relaciones institucionales se basen en el respeto mutuo al rol de cada cual.