"Los afectados solo reclaman su puesto de trabajo y la justicia les otorga la razón. No quieren salarios sin cobrar, sino su legítimo y constitucional derecho al trabajo, a sentirse útiles y seguir con una labor acreditada durante años de servicio. Algunos se encuentran en una situación económica difícil creada por la falta de acatamiento de una sentencia". Así resumieron ayer representantes de los 22 trabajadores de la Recaudación Voluntaria, que reclaman su incorporación a la plantilla del Ayuntamiento de Santa Cruz, el ánimo del colectivo tras el último auto de la magistrada del Juzgado de lo Social nº 2 que "da cinco días al consistorio para cumplir la sentencia y readmitirlos".

El documento tiene fecha del pasado 24 de julio -y se comunicó días después- y, según las fuentes jurídicas consultadas, "determina la obligación sine qua non de readmitir a los trabajadores que venían desarrollando sus funciones, según la sentencia, desde hace más de veinte años".

La magistrada concluye "que se les readmita para realizar las funciones anteriores al despido declarado nulo por existir una cesión ilegal de trabajadores. La sentencia ratificada es de obligado cumplimiento". El auto finiquita la cuestión: "La alegada imposibilidad legal o material que opone el ayuntamiento ya fue abordada en sentencia sin que se trate de una circunstancia acontecida, con posterioridad; en definitiva y, por las razones apuntadas, procede desestimar la oposición de la ejecutada y en consecuencia... Ordenar reponer a los trabajadores a su puesto, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución con apercibimiento al empresario que, de no proceder a la reposición, se adoptarán las medidas que establece el artículo 284 de la Ley Procesal".

Esas medidas son "que el trabajador continúe percibiendo su salario con la periodicidad y cuantía declarada en la sentencia... y que continúe en alta y con cotización de la Seguridad Social".

"El ayuntamiento pretendía con este ardid -añaden- conseguir la extinción de la relación laboral alegando la imposibilidad legal o material de la readmisión, amparando su fundamento en que no se había creado la RPT, pero ante la prueba aportada en la vista, cambiaron la estrategia alegando la imposibilidad de readmitirlos porque la recaudación se debe llevar por funcionarios. No se les otorga razón a su pedimento".

Una conclusión: "Los trabajadores debían haberse incorporado desde la sentencia de primera instancia, pero el ayuntamiento la ha obviado, a pesar de estar obligado como cualquier otro empresario".

Mantiene sus tesis

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento capitalino, Juan José Martínez, insiste en las tesis jurídicas que ha mantenido la Corporación en este proceso. Así, apuntó ayer que "con el máximo respeto a los trabajadores y sus derechos, así como a las decisiones que ha tomado la justicia, se han solicitado la aclaración e inejecución de la sentencia, ya que los propios funcionarios de la Corporación desarrollan la labor de esas personas con probada eficiencia. Los márgenes para incluirlos en la RPT son inexistentes porque a corto plazo solo está previsto el concurso para cubrir 20 plazas de la Policía Local". El edil incidió en que "el coste del servicio privado era enorme y solo el cambio de modelo ha permitido ahorrar tres millones de euros. Y con la mejora de varios puntos en la recaudación son otros tres; o sea unos seis anuales. El coste de 789.000 euros al año de los salarios de tramitación está muy lejos del ahorro".