Isabel Pantoja está siendo tratada de una nefropatía diabética provocada por sus altos niveles de glucemia en sangre, tal y como ha podido saber LOC. Luego "la relevancia informativa del dato explica no sólo el ingreso sino el más que justificado permiso extraordinario de siete días concedido este pasado jueves por la juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Sevilla, ante la gravedad de la situación y tras haber valorado tanto los diagnósticos médicos del hospital Infanta Luisa de Sevilla, como los informes médicos forenses que la propia juez solicitó", informa El Mundo en su edición digital. Si la nefropatía diabética que pedece la cantante no logra ser curada podría precisar, en última instancia, de un trasplante de riñón.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha afirmado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tomaron "todas las medidas de protección" tras el ingreso de Isabel Pantoja en un centro hospitalario, en el día en el que finalizaba su permiso penitenciario y debía volver a la cárcel.

Preguntado en rueda de prensa sobre el ingreso de la cantante en el Hospital Infanta Luisa de Sevilla, donde continúa, Sanz ha explicado que la cantante "no ingresó en la cárcel, porque tuvo un episodio relacionado con su salud que aconsejó su internamiento".

"Confío en los médicos, que son los que deciden si requiere su ingreso, y, cuando ese episodio culmine, volverá, como estaba previsto, al centro penitenciario", ha dicho Sanz, que ha insistido en que, "por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se toman todas las medidas de protección en este caso".

Por otra parte, fuentes oficiales han informado de que desde la dirección de la cárcel de Alcalá de Guadaíra, donde la cantante debía haber regresado al terminar su permiso penitenciario de seis días, se dio aviso de la situación a las 14:30 horas y que diez minutos después ya se estableció el dispositivo de vigilancia policial en el centro sanitario.

La cantante cumple desde el 21 de noviembre del año pasado una condena de dos años por blanqueo de capitales.