El Centro de Discapacidad del Complejo Hospitalario y Sociosanitario del sur, ubicado en Arona, ha ocupado en los primeros cuatro meses de funcionamiento casi la totalidad de sus 25 plazas de atención residencial para personas entre 17 y 64 años con discapacidad por graves trastornos de conducta.
Esta iniciativa está gestionada por la congregación religiosa "Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús" y se enmarca dentro del convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, según informa un comunicado de prensa.
Su objetivo principal es ofrecer servicios en centros residenciales de día y de noche para personas en situación de dependencia o discapacidad, por lo que estas reciben atención enfocada a la realización de las actividades básicas de la vida diaria y atención sanitaria y social, así como la enseñanza de habilidades y competencias comunicativas.
Recientemente el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, declaró que "la puesta en marcha de este complejo ha venido a paliar la necesidad de prestar atención a personas con discapacidad y graves trastornos que necesitan ser atendidos, puesto que la falta de asistencia adecuada supone un problema grave para ellos y para su entorno familiar y social".
Por su parte, la consejera de Acción Social e Igualdad, Cristina Valido, manifestó que lo que pretenden con este tipo de iniciativas era "mejorar la calidad de vida de las personas, tanto de los enfermos como de sus familiares".
El Centro de Discapacidad cuenta con un psicólogo y coordinador del recurso, un psiquiatra, una enfermera, un terapeuta ocupacional, una trabajadora social y personal cuidador.
Asimismo cuentan con 10 salas multifuncionales destinadas a la rehabilitación y espacios exteriores para actividades de ocio, deportivas y de descanso.
La congregación religiosa Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús lleva más de 130 años prestando servicios sociosanitarios y, actualmente, atiende aproximadamente a 1.900 personas con discapacidad intelectual en los diferentes centros del país, de las cuales, más de 650 se corresponden con plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual y graves problemas del comportamiento.