Como profesional de la construcción durante muchos años siempre he defendido la actuación de los técnicos. Por supuesto que, como en todas las profesiones y oficios, hay quienes tienen más conocimientos que otros, pero en esto pasa como con la calumnia o la murmuración: el que la practica sabe que, aunque falsas, algo de ellas siempre queda. Es raro que un técnico cualificado -arquitecto, ingeniero, aparejador...-, que ha estudiado una carrera durante cinco o seis años, no tenga los conocimientos suficientes para dar su opinión sobre el estado de una obra. Porque, además, no emite sus juicios por lo que ve, sino que se apoya en mediciones que normalmente realiza con aparatos sofisticados. La resistencia del hormigón o de la armadura de un forjado, la durabilidad de una estructura marítima constantemente castigada por la furia de las olas, el peligro que corre un entorno ante la posibilidad de una erupción volcánica, etc., y también las consecuencias que puede acarrear un corrimiento de tierras. De estos últimos tenemos noticias verdaderamente trágicas, ocurridas casi siempre en países que, debido a su gran pluviometría, sufren el reblandecimiento de muchos terrenos. Cuando a su vera se desarrolla un chabolismo incontrolado, las consecuencias no se hacen esperar: cientos de muertos y heridos y visiones dantescas que rompen el alma.

Me he decidido a escribir este artículo sobre el lugar de Candelaria llamado Bajo La Cuesta porque en verdad me preocupa lo que pueda pasar; como a cualquier persona con sentimientos. Comprendo la actitud de los vecinos y su negativa a abandonar los que han sido durante años sus hogares, pero no llego a comprender la actitud de los organismos oficiales, y no me refiero solo al ayuntamiento del municipio en cuestión. En este caso, unos técnicos -que han emitido un dictamen que merece la mayor credibilidad- han constatado la peligrosidad del talud en cuya falda se encuentran las viviendas objeto de la polémica. Puede ocurrir una desgracia, hay vidas que están en peligro, por lo que procedería una actuación inmediata. Pero no, aquí hilamos tan fino que se reúne una comisión que estudia el asunto, luego el pleno del ayuntamiento apoya su dictamen, se le comunica a los vecinos, el abogado de estos interviene en defensa de sus derechos..., y mientras tanto la peligrosidad del lugar aumenta y la adopción de medidas se dilata.

Por experiencias sufridas por amigos sé las consecuencias que un posible corrimiento de tierras tendrá para el alcalde y técnicos del Ayuntamiento de Candelaria: serán denunciados ante la justicia y se les impondrán fuertes sanciones económicas "por negligencia", lo cual resulta lamentable, pues se ha hecho todo lo posible para resolver el asunto. El ayuntamiento ha pedido a los vecinos que acudan a los Servicios Sociales para que "evalúen la situación de cada una de las familias que allí viven y poder atenderlos convenientemente", pero mientras tanto el peligro persiste. No me gustaría, por supuesto, que los propietarios de las viviendas las abandonen, pero a falta de la decisión que tomen las autoridades competentes, el pleno del ayuntamiento creo que debería tomar alguna medida que evite los posibles daños; que podría ser la consolidación del terreno mediante una capa de hormigón proyectado que evitaría los desprendimientos. Resulta caro pero es efectivo. Aquí no valen manifestaciones como las de Cho Vito, pues ahora hay vidas en peligro y responsables de que no se pierdan.

Hay situaciones en las que es preciso actuar con rapidez y decisión, evitando dilaciones innecesarias, aunque se conculque la justicia. Esta en su día, estoy seguro, comprenderá la necesidad de las medidas tomadas por los responsables.