Los vecinos de Bajo la Cuesta denunciaron, por presunta prevaricación, a la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, argumentando "la negativa a requerir a los propietarios del acantilado para que procedan a su reparación y aseguramiento previamente a ordenar el desalojo". En la denuncia, indican que "esta actitud resulta incomprensible y escapa a toda prudencia y, desde luego, a la obligación de objetividad de la Administración de los artículos 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y 103 de la Constitución".

Además de asegurar que "no le tiembla el pulso al ordenar una medida que afecta gravemente al derecho fundamental de la persona (contemplado en el artículo 18 de la Constitución), cuando la misma podía haber sido innecesaria solo con requerir a los dueños del acantilado" (Endesa y un particular llamado Juan Galán), en la denuncia exponen que la alcaldesa "persigue fines ocultos que nada tienen que ver con los intereses generales y constituye una resolución injusta a sabiendas y, por lo tanto, delito de prevaricación administrativa".

Antonio Oliva, como presidente de la Asociación Bajo la Cuesta-Risco Las Tablas, fue el encargado de formalizar la presentación de la denuncia ante el juzgado de guardia. En el documento, los vecinos aseguran: " Sospechamos que todas las agresiones a las que estamos siendo sometidos desde los poderes públicos, incluyendo la orden de desalojo por motivos que consideramos artificiosos y las órdenes de derribo de la Jefatura de Costas, pueden obedecer al propósito oculto de construir en la zona una urbanización de torres de apartamentos y un puerto deportivo, por lo que se formuló denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción".

La denuncia, que fue presentada anteayer, refleja la "trágica gravedad" que para los afectados implican los desalojos "y el carácter ilusorio de su teórica naturaleza provisional, ya que nadie parece que se vaya a hacer cargo de reparar la pared, por lo que el abandono de las viviendas se configura como definitivo".

Así lo apuntan abundando en que "el desalojo se funda en dos informes privados según los cuales existe peligro de desprendimientos", pero "desde la ocupación de la zona, en los años setenta" del siglo pasado, afirman que solo se ha detectado la caída de la piedra ocurrida enero pasado, golpeando a un vehículo.

La urgencia del desalojo es otro hecho sobre el que llaman la atención en la denuncia. "El 26 de febrero de 2010 se produjo un primer decreto de desalojo. En aquél momento, el Gobierno de Canarias se había comprometido a emitir informe técnico sobre la seguridad de la pared, y, en junio de 2015, cuando se dicta el nuevo decreto de desalojo, no había sido aún emitido".

Cabe recordar que desde el jueves de la semana pasada, los vecinos están recibiendo un nuevo decreto de desalojo en virtud de la medida cautelar adoptada en el expediente.

Sí han sido notificados los dueños del talud

La alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, muestra su sorpresa y decepción ante la denuncia presentada por vecinos de Bajo La Cuesta por prevaricación administrativa, cuando desde el grupo de gobierno "se les ha ofrecido en todo momento colaboración y disposición ante el grave problema que afecta a su seguridad por riesgo de desprendimientos en la zona".

En un comunicado oficial, la Alcaldía señaló a última hora de la tarde de ayer que prueba de esa colaboración "son las tres reuniones que se han mantenido de manera presencial y diversos contactos con una representación de los vecinos, además de otra reunión, por videoconferencia, con su abogado. A lo que hay que sumar las gestiones realizadas en el ámbito de la cooperación interadministrativa".

Los vecinos de Bajo la Cuesta denuncian que no se ha requerido a los propietarios del talud para que adopten las medidas de seguridad correspondientes. "Esta afirmación es absolutamente incierta. Existen dos expedientes administrativos que hacen buena prueba de ello y que se aportarán en sede judicial en el momento oportuno. Asimismo, los vecinos saben que, en su condición de interesados, pueden, en cualquier momento, personarse y tener acceso a dichos expedientes y, de esa manera, comprobar personalmente la veracidad de esta información".

María Concepción Brito tuvo conocimiento de la existencia de la denuncia por la Guardia Civil del municipio así como por dos vecinos que informaron formalmente al gobierno local a través de una comunicación en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC). La alcaldesa ya había advertido de que "hasta tanto no esté garantizada la estabilidad del talud y se nos diga, en algún informe que no hay peligro, no levantaremos la orden de desalojo. No puedo omitir mi deber de tomar medidas ante los informes que hay".