Pensaba que haría toda su carrera judicial en las Islas (fue destinado a los juzgados de Icod en 1991), pero, sin esperarlo, se vio presidiendo la Audiencia Nacional. José Ramón Navarro, sin embargo, viene todo lo que puede a Tenerife (su mujer es de aquí). En lo que sigue, subraya algo sobre lo que no tiene dudas: "Aunque puede que no exista esa imagen, la independencia judicial es ahora mayor que nunca en España".

Hay quien duda de si debe mantenerse la Audiencia Nacional, sobre todo por surgir en parte por los delitos de terrorismo...

En realidad, se creó el 5 de enero de 1977, en un momento muy delicado, con la ley de reforma política y varios decretos ley. Uno de ellos la crea sin relación con el terrorismo. Hubo otro posterior que detrae las competencias sobre terrorismo a la justicia militar, se introduce ese delito en el código penal y se las da a la Audiencia, que nació para el crimen organizado o las relaciones internacionales, lo que aún tiene vigencia.

Pero sí que se centró mucho al principio en el terrorismo...

Sí, pero en el ámbito penal, pues también hay dos salas muy importantes, como es la social y la de lo contencioso, que tiene el doble de jueces, de salas y magistrados, y resuelve los grandes actos administrativos. En la época más dura del terrorismo, la Audiencia fue la cara de la lucha judicial, sin duda. Que haya desaparecido el terrorismo interior, y se puede dar por desaparecida a ETA, no significa que haya perdido vigencia, pues tenemos una amenaza muy dura con el yihadismo. Además, están los delitos fuera de España y los del crimen organizado si ocurren en varias comunidades o trascienden, algo que copian muchos países. También están los delitos especiales, como los que se cometan contra la Corona, las altas instituciones, la forma de gobierno...

Pero, ¿introduciría cambios?

Habría que redefinir las competencias penales, sobre todo en delitos trasnacionales, del crimen organizado, contra la administración, prevaricación y corrupción, que tienen su sede natural en la Audiencia. Pero no tiene un encaje perfecto pues ha sido la jurisprudencia del Supremo la que ha ido fijando cuándo es competencia de las audiencias provinciales y cuándo de la Nacional. Legislativamente haría falta dejarlo claro.

Alude a la justicia internacional, pero, y quizás por la presión de China, España, que era un referente, ¿la ha diluido, debilitado?

No se ha debilitado. Evidentemente, cuando la ley orgánica de 1985 le otorga las competencias sobre justicia internacional a la Audiencia se las da casi indefinidas: sobre cualquier delito, como los de genocidio o de lesa humanidad, España admitía las competencias. Es cierto que dos leyes han ido limitando la capacidad...

¿Porque China compra la deuda?

Entiendo que las reformas judiciales no van al socaire de eso. Lo importante es reforzar los tribunales penales internacionales...

¿Y eso no es más utópico...?

No, aunque sí es lento por poner de acuerdo a los países...

¿Y mientras?

Pues cada país organiza la justicia universal como entiende y quiere. El legislador decide y los jueces aplicamos las leyes. La de justicia universal está recurrida ante el Constitucional y ya decidirá...

Pues queda la impresión de que sí pesó ese interés económico...

No sé las razones de su reforma, pero sí que el sistema funciona y el Constitucional será el que diga si hay algún aspecto anticonstitucional, que dejará sin efecto. Ahora mismo, en la Audiencia hay muchos casos de justicia internacional y seguimos defendiendo los derechos en el mundo.

Esto entronca con la pregunta sempiterna: la independencia judicial: ¿cómo está España en eso?

Evidentemente, es uno de los valores constitucionales y sociales a defender. España pasa por un buen momento respecto a la independencia. El ciudadano puede tener la tranquilidad de que los jueces son independientes...

La impresión no siempre es esa...

Quizás, lo que no existe es una imagen de independencia, pero sí digo que el Consejo General del Poder Judicial vela por la independencia de los jueces y lo hace con absoluta transparencia.

¿Y no está todo en entredicho por cómo los partidos eligen ese Consejo? ¿El modelo debe cambiar?

Pero es que ya ha habido 4 modelos. La Constitución establece las líneas básicas de la elección...

¿No es excesivo el peso político?

Hay una sentencia del Constitucional que diseña cómo elegir los 20 miembros, de los que 12 son jueces o magistrados y, desde aquí, las variantes que ha habido. En todo caso, no es un órgano judicial, sino de gobierno del poder judicial...

Pero es clave...

Sin duda, para la independencia y otras materias. Hace falta que la elección sea consensuada por los partidos y no por cuotas; se necesita un gran acuerdo para definirla de manera definitiva y que la sociedad lo acepte como la formula más dotada de independencia.

Insisto, si se compara con otros, ¿cómo está la independencia?

Creo que es muy grande. Es más, creo que es el momento en el que hay más independencia de los jueces. Estoy convencido; sin duda.

¿Y cuándo estuvo más endeble?

No es que estuviera endeble pero, en nombramientos, hasta 1985 a los magistrados del Supremo los elegía el Ministerio y hemos pasado a una elección que ya no emana del poder ejecutivo, sino de un órgano constitucional. Así, se ha ganado muchísimo en independencia. En el CGPJ hay personas de todas las tendencias: abogados, secretarios judiciales, fiscales, jueces... Además, tienen la legitimidad de ser elegidos por los que representan la soberanía popular: el Congreso y Senado. Los partidos deben acordar la fórmula, con la mayor participación de jueces y magistrados, tal y como señaló el Constitucional. Así, y aunque la justicia es absolutamente independiente, también lo parecerá.

¿Y cómo está la calidad judicial: los retrasos, la acumulación...?

El problema grave es el retraso en la resolucióny así se detecta...

¿Fundamentado por...?

Por tener un sistema judicial anclado en muchos decenios, por no decir más de un siglo, sobre todo por las leyes procesales...

¿Comparte eso que se dice de que es demasiado garantista?

Nunca se es demasiado garantista. Se dice que lo es y que se frustra la resolución justa que quiere la sociedad al garantizarse los derechos fundamentales del inculpado, pero debe entenderse, y creo que ocurre, que esas garantías son esenciales y que no vale obtener una verdad vulnerándolos. Sin eso, el resultado nunca será positivo. Afortunadamente es garantista.

Ergo, en comparación con otros países, ¿cómo está España?

Hay que salvar algunos obstáculos para que sea una justicia moderna, como ocurre con la ley de enjuiciamiento criminal...

Que nunca se reforma...

Sí, se hacen parches y no hay una nueva ley integral. Los partidos han querido acometerlo y entiendo que es difícil al tener que decidirse muchas cosas, pero debe hacerse cuanto antes. Es una ley de más de un siglo; los parches han intentado mejorar el sistema, pero la estructura no ha variado y, muchas veces, las reformas son contradictorias y no hay fluidez...

Un sistema que se dice que es más duro con el "robagallinas" que con los delitos de guante blanco...

No es que sea más duro, sino que, al ser una justicia un poco arcaica, está hecha para delitos sencillos, mientras que los complejos necesitan peritos y órganos especializados para perseguirlos. En esto, al Audiencia da buen ejemplo...

¿Faltan muchos medios materiales y personales?

Sí, y una ley procesal eficaz y moderna, y cambios radicales. Por ejemplo, para modernizar la justicia penal hay que dar el salto ya a que instruya el ministerio fiscal. Ahora, el juez instructor investiga y, a su vez, garantiza los derechos de los investigados; es una doble función contradictoria. Como hacen países de nuestro entorno, se debe dividir las funciones; eso da más independencia y eficacia...

En EEUU se elige democráticamente a los fiscales...

En algunos estados sí; en otros, no. EEUU tiene peculiaridades muy variopintas: por ejemplo, hay juicios en los que no se admite una cámara y se hacen caricaturas y otros retransmitidos por internet...

¿Las asociaciones de jueces tan ideologizadas son una distorsión? ¿Es justicia de trincheras?

Hay asociaciones progresistas y otras conservadoras, pero otras no.

¿Y eso no perjudica la imagen?

Pero, al resolver, la sociedad debe tener la certeza de que se es independiente y que se aplica la ley según jurisprudencia. Además, la mayoría de jueces no están asociados y los que sí actúan de forma independiente y profesional...

Sin embargo, asistimos a situaciones como que la jueza de los ERE critica a su heredera: ¿eso no cuestiona la independencia?

Nada de eso afecta a la independencia, aparte de que las salas de gobierno de los tribunales superiores o el CGPJ la resuelven. Esos conflictos surgen cada día y serán siempre inevitables porque somos personas. El sistema los resuelve sin que chirríe nada...

Pues ha chirriado que el caso Gürtel acabe en manos de dos jueces que, en su día, designó el PP...

Entiendo que pueda chirriar, pero hay recusaciones y resolverá la Audiencia conforme a la ley y la doctrina del Constitucional. El sistema dota a las partes para que recusen y se resuelva si están o no contaminados. Es inevitable que los vocales del CGPJ tengan alguna vez que resolver cuestiones llamativas: la persona que se tenga que abstener lo hará y la parte que cree que debe recusar, también. Pero el sistema funciona y es garantista.

¿Y hay garantías ante instrucciones de años? ¿El significado de justicia se diluye en casos así?

Efectivamente, las macrocausas pueden producir la sensación de que, por mucho que se trabaje, no se llega a un objetivo claro y a hacer justicia. De ahí la necesidad de una ley moderna y que instruyan los fiscales, ya que el juez puede dejar el juzgado y el nuevo tarda meses en hacerse con la idea de lo que hay, mientras que los fiscales siempre estarán al día y nunca se paralizará la causa. Además, hace falta dividir las piezas para resolverlas con independencia, darles agilidad y repartirlas. Así se reducirá el tiempo de respuesta.

¿Qué le pareció la ley de Tasas? ¿Alejó la justicia del ciudadano medio? ¿Se tardó en rectificar?

Las tasas existen en todos las países, en mayor o menor medida, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Estrasburgo han mantenido que es algo absolutamente asumible y no hay un problema de legitimidad ni de vulneración de derechos. Lo que no puede permitirse es que la ley, la que sea, impida, por medio de tasas, el acceso a la justicia...

Pues esa convicción había...

También esa ley está en el Constitucional, que la retocará si es necesario, y el Gobierno la ha retocado para facilitar el acceso. En eso es inevitable reconocer la labor de los colegios de abogados, de procuradores y asociaciones judiciales para que se modificara. Una ley de tasas nunca puede vulnerar el principio de tutela efectiva y que un ciudadano deje de acudir a los tribunales por tasas...

Por su experiencia y lo que le llegaba, ¿eso estaba ocurriendo?

Sí lo dificultaba. Había consenso para hacer lo posible por reducirlas y el Constitucional ya se pronunciará sobre el resto de la ley...

¿Cuál es el estado de las cárceles, signo de calidad democrática?

Han bajado los internos en Tenerife II, lo que facilita el sentido de las cárceles, la reinserción...

¿No es partidario de la cadena perpetua, aunque sea encubierta?

La reinserción debe ser la finalidad de la pena. No cabe una pena sin eso... La cadena perpetua revisable depende ahora de la resolución de la demanda interpuesta.

¿Cómo ve la Ley de seguridad?

También está recurrida y prefiero esperar al Constitucional...

La entrevista tuvo lugar este miércoles y Navarro no quiso pronunciarse sobre la reunión entre el ministro del Interior y Rodrigo Rato. Se remitió a la comparecencia del viernes de Fernández Díaz, subrayando que no conocía el contenido de lo hablado y, en tal caso, dejando claro que la independencia judicial no se ha visto vulnerada, si bien comprende que se pidiera la intervención del ministro.

Sí se mojó más respecto al caso de la Infanta y asegura que cada parte (juez, fiscal y Audiencia de Palma) han actuado como creían oportuno, "con independencia y profesionalidad: la sociedad lo ha percibido así...".

Lo mismo aplica a los exjueces Garzón y Silva, de los que recalca que se pronunció el Supremo. "Hay que acatar las sentencias", lo que lleva también a la del 11M, "que ha causado estado, se recurrió y resolvió". Asimismo, y aunque indica que los jueces estrella no quieren ser concebidos así, se congratula de que esa figura se diluya. "Sí hay asuntos estrellas por los medios. El juez es muchas veces protagonista no querido, por ventura o desventura".

Cree básico el modelo de reparto de los casos por turnos y simple sorteo y también la imbricación de la justicia española en la europea, así como la estructura de juzgados existente, aunque modificaría los partidos judiciales, sobre todo los únicos. En su opinión, los tribunales superiores funcionan de forma similar en todas las comunidades, aunque no niega que la interinidad que ha habido en Canarias haya podido ser perjudicial porque es buena la "estabilidad", aunque remarca que cada vez hay más jueces de aquí.

Sobre el caso de López Aguilar de denuncia falsa de malos tratos, y ante la opción o no de que vuelva a la primera línea política, recalca que "cualquier persona que ha tenido un proceso que ha sido archivado no le puede perjudicar en su vida".

La vida y el derecho, la universidad y el plano personal

Navarro se define como liberal y reconoce que no concebiría su vida sin estudiar Derecho. "No solo por el ejercicio profesional, sino porque es la carrera que más te sitúa en la sociedad, al regular todas las relaciones. Desde que cogemos la guagua y hay un tique, adquiero derechos y obligaciones. La vida se desarrolla sin necesidad de la justicia, aunque sí del ordenamiento jurídico. La justicia debe pacificar las relaciones, resolver las controversias y defender los derechos constitucionales y humanos". Eso sí, lo de ser juez lo decidió después, tras ejercer de abogado, "pero es donde más a gusto me encuentro, pues hay carreras, como ser profesor, y también doy clases, médico e impartir justicia en las que tienes que sentirte muy bien". Presidir la Audiencia no solo no lo esperaba, sino que es, "sin duda, lo mejor que me ha pasado profesionalmente". Además, se siente bien con sus aportaciones al derecho de familia y relata con orgullo cómo ayudó a una madre de Icod que le pidió que le dijera algo a su hijo discapacitado, que no le hacía caso a nadie. "No sabía qué decirle, pero, según me dijo, todo cambió, quizás por hablarle con toga". En lo personal, lo más relevante ha sido su familia. ¿El momento más feliz? "El día que me dijeron que mi mujer había salvado un problema grave de salud" y, el peor, "cuando nos anunciaron esa enfermedad". Estudió en un colegio e instituto concertados, así como en una universidad privada, y cree que los estudios de Derecho necesitan ser más prácticos. "Que haya más implicación entre universidades, despachos, colegios profesionales y juzgados. Esto estaba en el plan Bolonia, pero hace falta medios. No aprender tanto en los libros. Se necesita grupos de alumnos más pequeños, más profesores y que estén muy implicados".