Como si de un patio de colegio se tratara, políticos de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna protagonizaron esta semana un cruce dialéctico de acusaciones más propios de la irresponsabilidad con que algunos ejercen lo público que de gobernantes que están obligados y comprometidos a administrar y gestionar, mandato que recibieron de la ciudadanía el pasado 24M. Las acusaciones entre nacionalistas y socialistas no han resuelto nada, pero sí han dejado la estela de otro mal ejemplo de la política mal entendida. Tal vez las palabras del alcalde lagunero, Alberto Díaz Domínguez, suenen como las más sensatas. Su exigencia de coordinación del municipio que dirige con la capital y los gobiernos del Cabildo y de Canarias para encontrar una solución "efectiva" tomando las decisiones que sean necesarias rezuman una coherencia que no se percibió ni en Javier Abreu, su socio de gobierno, ni en José Ángel Martín, exsocio del alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez. Claro que amenazar con no depurar el agua de La Laguna tampoco es una solución. La realidad es que mientras ellos se empecinan en dar este espectáculo público, en llenar espacios en los medios de comunicación, la ciudadanía sigue sufriendo una instalación que no cubre las necesidades y pagando muy caro un servicio que es claramente insatisfactorio. Y aquí no pasa nada, salvo que el Cabildo vuelve a mediar y a ofrecerse como el conseguidor y gestor de esta infraestructura.

El turismo, ese motor de la economía canaria, tiene nuevo convenio de hostelería. Son unos 50.000 trabajadores en la provincia afectados por este acuerdo que nace tocado por la división sindical. CCOO, mayoritario en el sector, dio el visto bueno; UGT decidió rechazarlo a última hora. Serán cuatro años de vigencia, pero todo hace presagiar que el acuerdo dará estabilidad en una actividad que no acaba de reflejar las cifras tan positivas que gestores privados y públicos venden tan alegremente desde hace meses. El empleo no es, ni remotamente, proporcional al incremento del negocio. Los trabajadores están haciendo más por lo mismo o por menos (este convenio les reserva un aumento salarial de hasta el 4,5% en cuatro años) y la mejoría de la planta hotelera se acomete muy despacio.

La diversificación de la economía es, precisamente, una de las asignaturas pendientes en el Archipiélago. El hecho de que la considerada tercera empresa mundial en prospecciones petrolíferas elija el puerto de Santa Cruz de Tenerife como centro de reparación para dos de sus grandes plataformas es un avance en esa línea. La Autoridad Portuaria provincial y la Isla recibirán por ello, solo en tasas, millón y medio de euros. Además, 160 trabajadores de los talleres que están en el puerto tinerfeño serán contratados. El escepticismo y hasta rechazo que provocó la presencia de las primeras plataformas, llegadas en plena crisis de las prospecciones ahora fallidas, se han transformado en una posibilidad de negocio que a nadie se le puede escapar.