Los socialistas españoles se enfrentan a un problema estructural que nada tiene que ver con las idas y venidas de las preferencias del electorado, ni con los liderazgos siempre discutidos, ni con la corrupción de la rama andaluza, ni con la división de la poderosa federación madrileña... Están afectados por una aluminosis mucho más sutil y poderosa: el modelo de Estado. O dicho de otra manera, la idea de España.

La cuestión catalana es un Guadiana que aparece y desaparece en la historia de nuestro país. Y los momentos en que las aguas surgen turbulentas desde las profundidades suelen coincidir con periodos de postración del modelo de Estado. Cuando Artur Mas fue a visitar a Mariano Rajoy con la petición de un "pacto fiscal", lo que en realidad puso sobre la mesa fue esta disyuntiva: o nos das la soberanía económica o te vamos a plantear un problema muy gordo con una propuesta de independencia. Rajoy dejó de ser gallego por un momento y le dio un no tan rotundo que a Mas no le quedó ninguna duda de que el único camino de Cataluña era tirarse al monte. Y se tiró.

El presidente del Partido Socialista de Cataluña y alcalde de Lleida, Angel Ros, tiene claro, como casi todos sus compañeros socialistas catalanes, que su país es una nación que tiene encaje en un Estado federal donde exista equidad fiscal. Quitando el gótico semántico, lo que viene a decir es que el precio para que los catalanes se queden en un Estado español es que les dejen quedarse con más dinero.

Esa es la madre del cordero. Una parte muy importante de los catalanes piensa -porque además es lo cierto- que Cataluña aporta más dinero a las arcas del Estado del que luego recibe. El principio de solidaridad interterritorial establece que las comunidades más ricas aporten más dinero del que reciben, un dinero que se redistribuye entre las comunidades más pobres. Este sistema, en el que no participan ni Navarra ni el País Vasco -que tienen otro sistema algo más ventajoso- es el que define la existencia misma de un Estado que persigue la igualdad de todos sus ciudadanos. La transferencia de renta se puede modular (puede ser mayor o menor), pero liquidarla es derribar el pilar del modelo de solidaridad nacional.

El problema del socialismo es que su discurso social es justo el contrario. La socialdemocracia española, en particular, y la europea, en general, sostienen que las rentas más altas tienen que estar más gravadas. Por eso la imposición directa es progresiva y pagan más los que más ganan. Mantener lo contrario en el modelo de Estado autonómico -como sostiene el PSC- es abrazar el discurso de que los territorios más ricos, hartos de pagar a los más pobres, deben aportar menos recursos. Esa es precisamente la columna vertebral de la reivindicación catalana. Hay una fuerte contradicción entre el discurso social y el territorial que a la larga va a provocar una grieta en la estructura del socialismo español y le va a separar del socialismo nacionalista catalán.

Las comunidades denominadas "pobres" (receptoras de renta) han confundido un estado transitorio de dificultades de desarrollo, que hay que superar, con una especie de estatus a perpetuidad y han transformado la subvención en una forma de vida. Lo excepcional nunca debe ser lo habitual y la metadona de las ayudas estatales no son ventajas estructurales. Sobre esa parte de la realidad -que es muy compleja- han aflorado otra vez las turbulentas aguas del Guadiana político de Cataluña. Artur Mas, subido al tigre de los independentistas, ya no puede bajar salvo para ser devorado y no tiene más salida que morir gritando independencia y libertad. Pero incluso los socialistas catalanes van a poner sobre la mesa lo mismo que en su día Mas le dijo a Rajoy: si quieres que me quede, dame más pasta. El viejo pacto fiscal. O sea, la rebelión de los ricos, hartos de sostener a los pobres. Todo lo demás es adorno.