Ya se están tramitando en los despachos los presupuestos generales del Estado para 2016 y, con el techo máximo de gastos aprobado para Canarias, tan solo dispondremos de noventa millones de euros más para incrementar el gasto o inversión pública de ese año.
Curiosamente, ya vienen hipotecados en no menos de sesenta millones de euros que deben ir, obligatoriamente, a incrementar los salarios y paga extra atrasada de los funcionarios y trabajadores públicos.
Total, quedan treinta millones que solo darán para una bocanada de gastos del Estado de bienestar, quedándose en el alero la inversión pública y las políticas económicas.
Fiscalmente nos encontraremos con una pequeña mejora del IRPF, tanto en el pago final como de las retenciones a cuenta, y la exención de las ayudas a colectivos de interés social.
Y, concretamente en Canarias, nos encontraremos, además, con la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, que permitirá tramitar las herencias sin una onerosa carga financiera, y el descarte de la aplicación de una nueva tasa turística.
No se espera reducción alguna del Impuesto de Sociedades o un alivio en las cargas de la Seguridad Social, por lo que la estimulación de la economía seguirá pareciendo que no va con la administración pública.
Un año más en que la financiación autonómica no favorecerá a Canarias y en el que la iniciativa privada y el mercado serán las únicas que sostengan el empleo en Canarias.