La sede del Consejo Insular de Aguas acogió ayer una reunión institucional a cuatro bandas para desbloquear la conocida como "guerra del agua". La expresión hace referencia a la polémica por el vertido al mar de las aguas residuales tratadas en la depuradora de Santa Cruz procedente de tres municipios: la capital tinerfeña, La Laguna y El Rosario. Al final, se llegó a un compromiso basado en tres puntos, el principal exigir al Gobierno estatal que aporte "ya" la financiación prometida para ampliar una instalación municipal con "función supramunicipal", según el alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez.
A la cita, además de Bermúdez, acudieron el consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, junto al gerente del Consejo, José Fernández, en representación del Cabildo, además de los primeros regidores de El Rosario, Escolástico Gil, y La Laguna, José Alberto Díaz. A este último lo acompañó el concejal del área en Aguere, el socialista Javier Abreu, el más beligerante durante estos casi diez días de tono bélico con las aguas negras como centro.
Bermúdez explicó: "El primero de los compromisos es solicitar al Gobierno de España la declaración de emergencia de la obra de ampliación y su adjudicación inmediata con una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016".
El alcalde santacrucero aclaró: "Pero no se trata ya de los 18 millones de una primera fase, sino de los, entre 35 y 38, necesarios para que el Consejo ejecute una actuación ambiciosa que solucione de una vez el problema".
En segundo lugar, añadió Bermúdez, "el acuerdo contempla que el Consejo gestione la infraestructura desde ya sin esperar a la futura ampliación". El alcalde recordó lo repetido los últimos días: "La depuradora presta un servicio supramunicipal, a los tres ayuntamientos del área metropolitana, y no tiene lógica que sea el de Santa Cruz el que lo gestione a través de Emmasa. Por lo tanto será traspasada al Consejo antes de final de año".
Por último, añadió Bermúdez, "el Consejo redactará lo que en el ámbito técnico se denomina un plan de etapas para mejorar los tratamientos de cara a los vertidos al mar. No hay otra opción hasta que se amplíe la depuradora para cumplir con los parámetros medioambientales que nos ha exigido el Gobierno de Canarias".
En esta línea, el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, se mostró satisfecho por los resultados del encuentro. "Sentándonos y escuchándonos, dando cada uno sus razones en directo tomamos conciencia de cada una de las realidades y eso nos ha hecho tener la madurez suficiente para resolverlo", matizó.
En todo caso, Díaz advirtió de que el problema "aún existe", aunque valoró la "predisposición" de todos para abordarlo de manera común.
¿Pagará más el Ayuntamiento de La Laguna? "No hemos hablado de costes. Pagamos conforme a los cálculos hechos. No supone un mayor incremento", precisó.
La Viceconsejería de Medio Ambiente abrió en julio un expediente a Santa Cruz porque Emmasa "ha vertido al mar, en La Hondura, más agua de la permitida", además de "realizar un deficiente tratamiento previo de los residuos y de afectar a las aguas de baño del entorno".
Bermúdez, el día 10
"Haremos todo lo que nos pida el Gobierno de Canarias en esta materia, pero si hay un sobrecoste por ello deberemos afrontarlo, en proporción, los tres ayuntamientos afectados. Y si se nos pide más, lo tenemos muy claro: a la depuradora de Santa Cruz solo se verterán aguas de Santa Cruz". Así de rotundo se mostró el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, el pasado día 10, afirmando que si el Gobierno de Canarias no es flexible, "Santa Cruz no podrá seguir recogiendo aguas de La Laguna y El Rosario". Fue el origen de esta polémica.
Abreu replicó el día 11
El concejal lagunero de Servicios Municipales y Aguas, Javier Abreu, acusó al día siguiente al alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez, y a la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) de haber "timado" a los vecinos de la capital, La Laguna y El Rosario, toda vez que han pagado por un servicio "que luego no se ha prestado según los términos pactados". "Hemos pagado religiosamente más de 1,2 millones de euros cada año para que se depuren nuestras aguas residuales. ¿Qué han hecho con todo ese dinero? ¿En qué se lo han gastado si no ha sido en implementar la capacidad de depuración de sus instalaciones? ¿Por qué nos cobraban si sabían que no podían cumplir con su parte del trato?", se preguntó el concejal lagunero.
Y la oferta del Cabildo
Con un discurso más conciliador se expresó, al siguiente día (12), el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz Domínguez, quien solicitó a todas las administraciones y empresas implicadas en esta polémica un encuentro, lo antes posible, "para trazar la solución definitiva". Sería el vicepresidente de la Corporación insular, Aurelio Abreu, el que hizo público el ofrecimiento del Cabildo a asumir la gestión de la depuradora de Buenos Aires, pero una vez se haya realizada la mejora de la instalación. Está previsto que a final de mes, el Consejo Insular de Aguas (Ciatf) remita a Madrid el proyecto en cuestión debidamente corregido para que el Ministerio proceda a su exposición y licitación.