El Ministerio de Hacienda ha publicado una orden con una serie de indicaciones cuyo objetivo es reducir el coste de los viajes y desplazamientos de los directivos de las empresas públicas. Las recomendaciones son muy precisas, y se refieren al uso del transporte público siempre que este resulte más barato que el particular, a no viajar en primera salvo casos excepcionales (habrá que determinar lo que se entiende por excepcional), reducir el número de acompañantes a lo estrictamente necesario, no ampliar los días de estancia más allá de las necesidades del servicio y tirar de videoconferencia siempre que se pueda. La orden cuenta incluso con un plazo de adaptación a sus directrices (para acostumbrarse a viajar en turista hay que someterse a un proceso de descompresión o algo así, supongo).

No se trata de criticar al Ministerio por intentar reducir el gasto público en transporte de los altos empleados, pero la publicación de la orden llega más bien tarde, después de ocho años de crisis, al final de la legislatura y cuando la mayoría de las medidas que propone el Ministerio han sido ya aprobadas y puestas en marcha en la mayor parte de las administraciones, con excepción de la estatal. Aparte, hay aspectos de la orden que resultan bastante chuscos: por ejemplo, la libertad para que los altos ejecutivos determinen cuándo es absolutamente necesario viajar en primera... ¿Será cuando uno esté muy cansado? ¿Cuando el viaje sea muy largo? ¿Cuando no queden billetes en turista? Si se trata de esa última situación, teniendo en cuenta lo que se ha reducido la oferta de transporte desde que empezó la crisis, bastará con comprar los billetes un par de días antes del viaje para que sólo queden los de primera...

En un país distinto al país del Lazarillo, la orden del Ministerio resultaría sin duda tan innecesaria como chocante. A fin de cuentas, lo que pide el Ministerio a los directivos de las empresas y entidades públicas es que actúen con sentido común y usen el privilegio que supone viajar con cargo al dinero de todos los españoles con moderación y sensatez. Sin abusar. En otros países de nuestro entorno europeo, los desplazamientos de representantes y directivos públicos están perfectamente regulados y son intervenidos específicamente, igual que sus gastos en concepto de dietas. En Alemania y los países escandinavos son especialmente estrictos en ese asunto. La mera utilización del coche oficial para asuntos no oficiales (una práctica que ha sido bastante común en este país, donde todavía hay chóferes del parque público que llevan a los niños de su jefe al cole) es perseguida y castigada penalmente. En Reino Unido los tabloides han destapado algún escándalo morrocotudo por uso indebido de coches oficiales que ha provocado dimisiones de alto rango.

En fin, aquí es todo diferente. Aquí lo que hace el Ministerio es recomendar a los altos directivos que, por favor, sean cuidadosos y no nos roben. A ver si esta vez hacen caso.