Depurar. O no hacerlo. El trasfondo es una cuestión moral. Las partes en litigio sabían del asunto desde hace años, guardado en la gaveta hasta que alguien en el Gobierno de Canarias decidió mandar la sanción. Sabían que el sistema de depuración en Santa Cruz no es suficiente, que nunca funcionó al máximo de su capacidad y que el "by-pass" al mar era la solución rápida, barata y satisfactoria. No ahora en 2015 ni el año pasado ni hace cinco, un problema que nadie se ha propuesto a resolver. El alcalde Bermúdez actúa bien, después de toda una legislatura indemne; "que sea una instalación insular", exige, aunque ya lo era, por recoger aguas de los tres municipios. Que le pregunte a Pepe Fernández, gerente del Consejo Insular de Aguas, y que le pida explicaciones de por qué en Adeje-Arona, sí, y en el área metropolitana, menos. Javier Abreu da en el clavo y se pregunta por qué le cobran un servicio que no se presta. Javier, le cobran la depuración a La Laguna y a cada hijo de vecino en el recibo bimensual. Por eso hablo de conflicto moral, por no mencionar el penal que debería llegar después, por lo económico y lo medioambiental, de oficio, si confiamos en la Justicia.
Depurar. Responsabilidades, que las hay, que todo este contubernio se perpetra a plena luz de día sin que nadie niegue la inacción ni los vertidos. Cabría preguntar a qué se dedica el dinero recaudado para este fin, porque hubo un tiempo en que la empresa pública destinó mucho a dotar insultantes planes de pensiones para su personal directivo, ¿y ahora con la empresa mixta? Cabría preguntar también si en el famoso último contrato de concesión, el de Zerolo y Las Teresitas, no estaban contempladas las obras para el cumplimiento normativo y por qué no se han ejecutado, en su caso. Además, que desde el gobierno autónomo contesten por qué la denuncia llega ahora y no mil años antes, que hubiera servido, como ha ocurrido, para que se sienten a resolver el tema, y qué hará la nueva directora general en defensa de los consumidores para restituir el dinero cobrado por el servicio no prestado. Esperamos respuestas.
Depurar. Las aguas negras, se entiende, una obligación legal. No solo en Santa Cruz, sino en muchos otros municipios en toda la isla, en todas las Islas. Porque los vertidos son de titularidad municipal, ojo, que por eso es el Ayuntamiento de Santa Cruz quien recibe la denuncia, por muy obligado que esté el Consejo Insular a coordinar las infraestructuras de ámbito comarcal. Alcaldes y concejales, actúen, porque el problema es suyo y las consecuencias penales también. Lo de pedir dinero a Madrid es una solución que permite achicar balones y echarle la culpa al PP, aunque lo suyo es que las depuradoras se financien con el dinero de la tarifa que paga el usuario y la venta del agua depurada.
Depurar. La política y los intereses de parte. Tanta matraca en defensa de nuestras playas contra las prospecciones del petróleo para evitar el apocalipsis del modelo turístico, mientras millones de litros de aguas residuales se van al mar todos días sin tratar. El piche era una hipótesis que quedó en nada y la caca que flota es una realidad que a nadie parece importar.
Depurar. La conducta de las personas e introducir criterios morales. En nuestra sociedad española cualquiera justifica incumplir normas y contratos. La falta de vocación de servicio público desautoriza el monopolio, nefasto para el interés ciudadano. Competencia regulada o férreo control. Porque el dinero se impone a cualquier precio, qué horror.
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