La acuicultura tinerfeña llegó a ser, si no un sector de éxito, sí una actividad con ciertas posibilidades. Más de una veintena de explotaciones, 4.090 toneladas anuales autorizadas y hasta la previsión de construir una "hatchery" o criadero de alevines en el ITER son algunos de los datos que dan imagen de la dimensión que llegó a adquirir este subsector hace una década. Hoy poco queda de aquello.
La realidad años después es que la acuicultura insular se ha reducido a dos productores: Punta Rasca Cultivos Marinos, con cuatro licencias y 700 toneladas, y otro grupo -con varias empresas vinculadas- que tiene permitidos 660.000 kilos más. Es decir, dos criadores y 1.360 toneladas. Una caída, por tanto, de 2.730 toneladas, algo más del 65%.
Esas claves las aporta el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, que admite que la situación no es la mejor. "En el año 2007, básicamente por la crisis económica, los precios de venta del pescado y la enorme competencia entre las empresas, la mayor parte de ellas se arruinaron y se vieron obligadas a renunciar a sus concesiones administrativas para la producción o a venderlas", precisa.
Otro indicador de la crisis por la que atraviesan los profesionales de la acuicultura tinerfeña es que, si bien se llegaron a criar corvinas y a experimentarse con medregales, bocinegros y pulpos, hoy el trabajo se circunscribe a las doradas y las lubinas.
"El futuro de la acuicultura en Canarias pasa por la ordenación del sector", opina el político nacionalista. "Desde el año 2008 se está elaborando un plan regional de ordenación de la acuicultura que, actualmente, se encuentra en fase de aprobación provisional y se prevé su aprobación definitiva durante este año o el siguiente", informa.
Entre los objetivos inmediatos de la institución insular está reunirse con las dos empresas que ahora mismo tienen en marcha las iniciativas existentes en Tenerife de una actividad que, creen desde el Cabildo, podría ser una fuente económica para la Isla.
Precisamente la inexistencia del Plan de Ordenación de la Acuicultura en Canarias (Proac) es uno de los elementos que algunas voces del sector vienen señalando desde hace años que ha podido influir en la situación actual, dado que la inseguridad jurídica que se crea no ayuda a la incorporación de nuevos empresarios a este campo productivo.
Prueba de que las dificultades no son nuevas es que, incluso a escala política, y a resultas de ese documento, se llegó a producir años atrás un choque de posturas entre el Gobierno autonómico y el Cabildo, debido a que ambos proponían distinto número -14 y cinco, respectivamente- de zonas destinadas a la acuicultura en Tenerife, la misma que hoy espera a la finalización de ese texto para tratar de remontar el vuelo.