La mañana del 21 de noviembre de 2007 comenzó el calvario para Josefa Hernández, cuando una pareja de guardia civiles del Seprona acudió hasta su vivienda en el paraje conocido como Campo Viejo, en Betancuria (Fuerteventura). Una inspección rutinaria, según consta en la sentencia de 30 de marzo de 2012 dictada por el magistrado Emilio Moya, y una visita "envenenada", a juicio de algún familiar de Josefa. Sospechan que "alguien" que les "llevó" los techos que le dio el Cabildo para arreglar su casa -afectada por la tormenta del invierno de 2007- fue quien la denunció.
"Aquí todos nos quieren", asegura Micaela, una de las hijas (cinco mujeres y dos varones) de Josefa, que ayer volvió a sonreír después de enterarse por la prensa de que Rajoy se ha comprometido a aprobar el indulto de la llamada "abuela de Fuerteventura" en el Consejo de Ministros de este viernes. Ahora falta que el presidente de España cumpla con su palabra, un año después de que se dictara la sentencia firme -21 de marzo de 2014- que la condenaba a seis meses de prisión. De hecho, el Pleno del Ayuntamiento de Betancuria, presidido por Marcelino Cerdeña, solicitó el indulto, en la sesión del 1 de abril de 2015.
El indulto no ha llegado en estos cuatro meses de espera e, incluso sin resolver algunos recursos, la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario María Isabel Quintero Verdugo rechazó suspender la ejecución de la pena, como pidió José de León, tercer abogado de oficio que ha defendido a Josefa, quien asumió la causa el viernes 21 de agosto.
El letrado planteó a la jueza que evitara el ingreso en prisión porque la pena es inferior a dos años y carece de antecedentes, acogiéndose a ese "podrá dejar en suspenso" que permite el Código Penal. Pero la magistrada desestimó la petición por "la conducta posterior" de la condenada, al entender que Josefa, "lejos de reparar el daño causado (construir en una zona protegida) no solo no la ha demolido, sino que la terminó y levantó un cuarto de madera de 12 metros cuadrados". Para la magistrada, esto revela "una actitud rebelde" y "en ningún caso se hace merecedora del otorgamiento de beneficio en cuanto a la ejecución de la pena (...)". "En ningún momento ha mostrado intención de cumplir con la sentencia firme de 30 de marzo de 2012". Desestimó así la petición de gracia del 29 de julio. El pasado viernes, antes de irse de vacaciones, la jueza ordenó el ingreso inmediato en prisión de Josefa, dejando el trabajo hecho a su sustituta, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, explicó el alcalde de Betancuria, Marcelino Cerdeña.
Micaela, la hija de Josefa que hizo la huelga de hambre con su madre y que la acompañó hasta la puerta de la prisión de Tahíche, admitió ayer que "cuando cogimos el barco para ir a la cárcel, todavía albergábamos la esperanza de que se paralizara la orden y se evitara su entrada en prisión. Pero no fue así". Ahora confía en que llegue el indulto.
El abogado de Josefa no oculta su estupefacción. "En 18 años que llevo en el ejercicio de la profesión, nunca un juez había denegado la gracia de suspender la pena a alguien con una condena de seis meses de cárcel". Si el caso de su clienta ha llegado tan lejos es porque siguen sin resolverse recursos, cuyo plazo de presentación, incluso, expiraban el 3 de septiembre; aunque ese trámite no impide el cumplimiento de la orden. Podría haber ocurrido que cumpliera seis meses en prisión, el mismo tiempo que tarda en resolver un recurso que le diera la razón.
Mientras la jueza desestimó conceder la gracia de evitar la prisión a Josefa, y lo rechazó por la actitud rebelde de la abuela -por construir cuando estaba condenada-, su letrado insiste en que "le ha sido imposible derribar la vivienda, porque carecía de medios", insiste el letrado. "Yo, en la misma situación, hubiera hecho lo mismo". Y añade: "Me sorprende que no se espere a cumplir la sentencia hasta que no se agoten todas las medidas que establece la ley".
Fuentes judiciales creen que, si el Consejo de Ministros no concede el indulto este viernes, como da por seguro Rajoy, es muy probable que la Audiencia Provincial de Las Palmas, que preside Emilio Moya, revoque la orden del ingreso en prisión la próxima semana.
Prefirió ir a la cárcel que perder a sus nietos
Nacida el 9 de septiembre de 1952, Josefa Hernández ha tenido que pelear en la vida para salir adelante. Con cinco años falleció su padre y heredó 51.000 metros cuadrados en su Betancuria natal. Con el paso de los años, contrajo matrimonio, se trasladó a Gran Canaria y tuvo siete hijos: cinco chicas y dos varones. Hace 24 años se separó y regresó a Betancuria. Desde 1995 hizo de la casita que había en el terreno el hogar de su familia, mientras trabajaba en las tomateras y limpiando aparcamientos. Y cuando no había nada, dedicaba la madrugada a hacer bollos y panes que vendía en la playa y de puerta en puerta.
Josefa fue sancionada por primera vez en el año 2000, por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias, cuando cambió unos techos de plástico por otros de madera. La sanción caducó. El invierno de 2007 se cebó con la vivienda, por lo que cambió el techo. Para esa fecha su terreno había pasado de estar en el plan de edificación dispersa a tener la protección del Parque Rural de Betancuria. La denuncia del Seprona y la nueva calificación urbanística fueron la "ruina" para Josefa, que tenía a su cargo a dos hijos -una de ella con el 39% de discapacidad intelectual- y tres nietos menores de 9 años, en la actualidad. Según consta en la testifical del juicio que le costó la condena de cárcel, Josefa prefirió incumplir la ley y arreglar su vivienda para garantizar la habilitabilidad de sus nietos, y con ayuda de los servicios sociales municipales.