La atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en España es un punto de controversia política de forma periódica entre el Gobierno y las comunidades autónomas por falta de acuerdo sobre los requisitos que deben cumplir para recibir asistencia médica.
Y este es uno de los momentos en el que hay mayor disparidad entre ambas partes en cuanto a los criterios para que los "sin papeles" puedan ser acceder al Sistema Nacional de Salud (SNS).
La atención sanitaria a los irregulares depende actualmente de la comunidad en la que residan, porque algunas siguen al pie de la letra la reforma del Gobierno de 2012, que les dejó sin la tarjeta de acceso al SNS, y otras no.
La reforma para racionalizar el gasto público y que lideró la exministra Ana Mato dejó sin tarjeta sanitaria a este colectivo y limitó su cobertura a los servicios de urgencia, excepto para las embarazadas y los menores de edad, que han mantenido todas las prestaciones.
Pero, desde el principio, la reforma no fue seguida por igual en las comunidades autónomas.
Algunas de ellas, como Andalucía y Asturias, gobernadas por el PSOE, se opusieron frontalmente a ella porque iba en contra de una sanidad pública universal, con los mismos derechos para toda la población, e idearon distintas fórmulas para facilitar a los "sin papeles" su acceso al SNS.
Y tras las últimas elecciones autonómicas celebradas en mayo en España, y con el cambio en el mapa político, otras autonomías, como Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria, han anunciado también su intención de reintegrar a los irregulares en la sanidad pública a través de distintos programas e incluso con propias normativas.
Ahora, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, está estudiando si esas iniciativas invaden competencias del Estado o vulneran la Constitución.
Lo hace mientras busca una posición consensuada con las comunidades para "armonizar" la situación sanitaria de este colectivo en el conjunto del Estado.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció el pasado 31 de marzo, en una entrevista con Efe, que los inmigrantes irregulares volverían a tener derecho a la atención primaria, aunque también advirtió de que recuperarían este derecho, pero no la tarjeta sanitaria para evitar "el turismo sanitario"
El titular de Sanidad defendió esta decisión por "cuestiones de salud pública", porque era "más práctico" y para "no saturar las urgencias".
La semana que viene, el Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades autónomas para "armonizar" la situación sanitaria de este colectivo en el conjunto de las comunidades.