El Gobierno regional ha tirado de la fórmula que utilizan los políticos contrarios a la Constitución cuando se ven obligados a prometerla para asumir un cargo público. Y es que el Gobierno ha tenido que aprobar forzosamente -por imperativo legal- el decreto que desarrolla la polémica Lomce para el próximo curso escolar. Canarias se ha opuesto desde su aprobación a la nueva Ley, y ha sido una de las regiones que en la última Conferencia Sectorial de Educación solicitaron paralizar su aplicación, atendiendo al hecho de que todas las fuerzas políticas parlamentarias -con la excepción del PP- han asegurado que la ley será derogada desde el mismo momento en el que el PP pierda el Gobierno.
La consejera Soledad Monzón ha explicado que habría preferido no tener que desarrollar una Ley sobre la que ya existe el compromiso escrito de todas las fuerzas políticas hoy en la oposición por derogarla, pero que no le ha quedado más remedio que hacerlo. Esa es la verdad. Aún así, el Gobierno ha optado por recurrir al escaso margen de maniobra que ofrece la propia ley y ha establecido un currículo en el que se convierte en obligatorio el estudio de una segunda lengua aparte del inglés, y se recupera la asignatura de ''Educación para la ciudadanía''. Un sondeo on-line realizado por EL DÍA demuestra que esa decisión, incluyendo la recuperación de Educación para la ciudadanía, es ampliamente respaldada por quienes han participado en la encuesta, con una mayoría del 80 por ciento. No se trata de un sondeo con reparto muestral, pero creo que refleja de manera muy precisa la sensibilidad social sobre este asunto.
Ocurre que el PP, desde la oposición, planteo una guerra a muerte contra Educación para la Ciudadanía, sin duda alentada por algunos errores en el arranque de la asignatura. El PP tiene a separarse de la mayoría social cuando está en la oposición, y plantea cuestiones para contentar a su electorado más recalcitrante, que resultan inasumibles desde el Gobierno, como se ha demostrado en política antiterrorista, en materia de aborto, e incluso en relación con Cataluña, donde desde la oposición se alentó el boicot a los productos catalanes y el rechazo al Estatut, que acabaron por llevarnos a la situación indeseable en la que estamos hoy. En política educativa, sin embargo, el PP se mantuvo en sus trece y sacó con sus únicos votos una reforma muy cuestionada, que se ha impuesto -es Ley Orgánica- a las regiones y a la comunidad académica. Cuando no gobierne el PP, la Ley será derogada y viviremos otro cambio en el sistema educativo. El octavo. Son demasiados cambios, demasiada inestabilidad por pulsos ideológicos que no se sostienen en criterios técnicos. No tengo nada contra la ideología, al contrario, creo que el problema más grave de las sociedades occidentales es la pérdida creciente de valores y referencias, sustituidos por palabrería y consumo. Pero la ideología que debería presidir la próxima reforma del sistema educativo debe ser la de la tolerancia, el entendimiento y el consenso. Un compromiso cívico y político para una ley educativa que nos dure una generación.