La señora Josefa, hasta ahora conocida como la Abuela de Fuerteventura, se ha convertido en un caso paradigmático que nos sirve para demostrar a las claras de que la Justicia no es igual para todos. Con la decisión "firme" de la juez del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario -que de camino ha dejado una huella imborrable en su propio currículum- de mandar a la señora Josefa Hernández a la cárcel por seis meses, por no obedecer la orden de derribar su hogar, que, al parecer, está construido en terreno protegido, ha puesto de manifiesto varias cosas: que la Justicia discrimina si el que delinque es persona física o jurídica, y, sobre todo, si la acción punible la comete un ciudadano o la administración; y no digamos ya si dentro de estos parámetros añadimos florituras colaterales que tengan que ver con el poder económico o/y político o con la propia judicatura.

Hay tantas preguntas que hacer sobre el caso de Josefa, ahora más conocida como la Abuela de Canarias al trascender a nivel nacional e internacional la aberrante injusticia cometida contra ella y su familia, que no estaría mal exponer algunas de ellas: ¿por qué era necesario meterla en la cárcel? ¿A cuenta de qué algunas autoridades y políticos la acompañaron hasta las puertas de la cárcel? ¿Tal vez para darle ánimos? ¿Tal vez para hacerse la oportuna y electoral foto? ¿Por qué esperó la Audiencia de Las Palmas a un día antes a que se produjera el indulto para sacarla de la cárcel y no hizo lo posible para evitar que entrara en prisión? ¿Por qué la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, insiste en que sólo la han indultado de la pena privativa de la libertad, pero que se mantiene "viva y exigible" la obligación de demoler su vivienda? ¿Pero no resulta que en realidad sólo una parte de dicho domicilio es el que está en terreno protegido? Entonces, ¿por qué tirar toda la vivienda?

Es más, llegado a este punto, cabría preguntarse por qué la Justicia se hace la fuerte contra el débil. Quiero decir: ¿por qué siempre el ciudadano es quien tiene que cumplir puntual y estrictamente con las leyes cuando existen representantes institucionales que se pasan las leyes, los reglamentos, los requerimientos y los autos de los jueces por el arco del triunfo?

Ejemplos los que quieran: en Cataluña y en el País Vasco -por citar las dos más paradigmáticas- no se cumple la Ley de Banderas, ni mucho menos la obligación de impartir el castellano, al menos el 25%, en sus aulas; pero sin irnos por las ramas y quedándonos en Canarias, y hablando de derribar edificaciones que se han construido de forma ilegal, ¿qué me dicen ustedes de la biblioteca pública de Las Palmas?

¿Cómo es que a nadie, incluida doña Josefa y su familia -al menos yo no he escuchado que se comparen dichos casos- se le ha ocurrido decirles a las autoridades pertinentes, incluida la vicepresidenta del Gobierno, la jueza del famoso auto de prisión y demás autoridades canarias, que antes de derribar su casa comiencen por demoler la dichosa biblioteca. Lo digo porque existen numerosas sentencias, incluida la del Tribunal Constitucional, que por tercera vez -sí, tres veces- le daba la razón al Supremo y confirmaba el derribo del citado edificio. ¿Será porque el que mandó a construir la famosa biblioteca pública de Las Palmas era José Manuel Soria, actual superministro de Industria y Turismo? Dicho edificio se construyó en contra de los informes técnicos de sus propios funcionarios y se hizo -contraviniendo las disposiciones urbanísticas- en un espacio que estaba destinado a zona verde, desbordando en su construcción el ámbito de la parcela, extendiéndose, además, por el espacio libre colindante, creando una pantalla arquitectónica que cercena la visión del litoral. Y ahí sigue, de pie. Y que yo sepa nadie, nadie, ha ido a la cárcel.

No habría estado mal que a doña Josefa le hubieran dado la misma oportunidad.

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