Tenerife Sur
BAJO LA CUESTA

La ocultación de la petición de replanteo, considerada delictiva

La Fiscalía atiende la denuncia de los vecinos porque Costas "finge que no existe la petición de replanteo" que formularon los afectados por el deslinde marítimo-terrestre.
J.A. Medina, Candelaria
2/sep/15 6:18 AM
Edición impresa

J.A. Medina, Candelaria

La Fiscalía Anticorrupción tiene en cuenta la denuncia presentada por los vecinos de Bajo la Cuesta ya que "la actitud de la Dirección General de Costas de haber ocultado la petición de replanteo en un cajón es delictiva". Tal solicitud fue formalmente tramitada el 30 de octubre de 2013.

José Ortega, representante legal de la población de Bajo la Cuesta, recuerda que "los ingenieros de Costas han trazado la línea del deslinde de 1969 en cotas desiguales", determinando que la ola de referencia que eligieron para ello "alcanzó 42 metros sobre la pared de un acantilado situado 30 o 40 metros tierra adentro", mientras que "en la muy cercana central eléctrica la altura de la ola es solo de entre 5 y 8 metros".

El replanteo de la línea marítimo-terrestre fue solicitado argumentando, asimismo, que para su determinación por parte de Costas "no se tuvo en cuenta la ampliación de la berma a efectos del alcance del oleaje por ser una obra artificial y, por tanto, estimaron que la ola llegaría más al interior. Sin embargo, en la central consideraron legítimo que la escollera artificial sí constituye una barrera con todos los efectos legales".

La Fiscalía aborda la pretensión de que el deslinde de 1969 iba por alturas desiguales entre sí, una valoración que "resulta no solo errónea, sino particularmente ridícula y ofensiva para una inteligencia mediana". Para Ortega, la cuestión es clara: "No puede pretenderse una imbecilidad como esa, que va contra las leyes de la física".

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife emitió, el 8 de julio pasado, una sentencia a través de la que ratificó que las viviendas de Bajo la Cuesta se encuentran ocupando dominio público marítimo-terrestre y que no constituían un área urbana en el momento en que entró en vigor la Ley de Costas de 1988.

Al respecto, y tras analizar y cuestionar los argumentos expuestos en dicha sentencia, el abogado José Ortega señala que "la sentencia es perturbadora. No quiero sugerir con esto que forme parte de una conspiración ni que la jueza haya incurrido en delito. Pero esto me perturba mucho y me da qué pensar, hasta el extremo de que me considero obligado a ampliar la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción, solamente como exponente de un ladrillo más en el muro que los poderes públicos están construyendo para que los vecinos no puedan acceder a los derechos y garantías de la democracia".

BAJO LA CUESTA