Jerónimo Saavedra ha denunciado que los gobiernos de Paulino Rivero y de Rajoy se pusieron de acuerdo en 2014 para ofrecer un balance optimista del cumplimiento del sistema para atención a la dependencia, incorporando a ese sistema hasta 9.000 personas, cuando en realidad sólo se habían sumado entre 400 y 500. Este fraude estadístico, consentido por el Gobierno de España, se produjo según el Diputado del Común, porque el gobierno regional -autocalificado como "Gobierno de las personas" por el presiente Rivero- quería evitar a toda costa que el balance entre el año 2014 y el 2015 resultara negativo, y que el número de beneficiarios reflejara la penosa realidad de que a finales de 2014 había menos personas atendidas que en 2013. Al final, se presentó un saldo con más de 5.000 nuevas incorporaciones inexistentes al sistema, a los que el Gobierno español califica, siempre según Saavedra, de "falsos beneficiarios".

Con su denuncia, en la que Saavedra señala con toda claridad como responsables a los anteriores gestores de la Consejería de Asuntos Sociales, con Inés Rojas a la cabeza, se ha provocado un terremoto en ese departamento hoy dirigido por la vicepresidenta, Patricia Hernández. La viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, ha solicitado a sus propios servicios una inmediata investigación interna sobre lo ocurrido, y en voz baja se reconoce que ya se han detectado irregularidades en la incorporación a la "contabilidad" de personas atendidas que reciben una ayuda municipal domiciliaria.

El sistema de Atención a la Dependencia en Canarias es un desastre casi desde su puesta en marcha. El origen de ese desastre tiene que ver con el hecho de que Canarias eligió ensayar su propio mecanismo, y demoró sin sentido -y por una cuestión de imagen del Gobierno- la incorporación de las personas que necesitaban atención al sistema nacional. Durante años, esa decisión provocó muchos dramas: centenares de personas han fallecido esperando una atención que les era reconocida pero no dispensada. Después, el Gobierno regional se tropezó con la parálisis nacional de la iniciativa, cuando el PP se incorporó al Gobierno. El propio Rajoy, en la campaña electoral que le llevó al Gobierno con mayoría absoluta, dijo que no creía en el sistema y que lo consideraba económicamente insostenible. El PP calificó el sistema de "capricho de Zapatero", y durante algunos meses el Gobierno frenó las incorporaciones. Luego, en parte porque es difícil ir contra las leyes, o revocar las que cuentan con amplio apoyo social, y en parte porque las regiones en manos del PP presionaron para mantener el sistema, se acabó por aceptar que lo insostenible era inevitable, y -con las dificultades inherentes a la crisis- este país envejecido ha avanzado algo en materia de atención a la Dependencia: en toda España, decenas de miles de ancianos y discapacitados se han incorporado al sistema. Aquí no. Aquí hemos falseado la estadística para que quede bonita. Es más rápido y barato. Otro éxito más.