La entrevista que mantuvo esta semana el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, con su homólogo en el Ejecutivo central, Mariano Rajoy, da la razón a aquellos que apostaron por el diálogo al inicio de la presente legislatura autonómica. El primero, el propio Clavijo, que optó desde el primer momento por apartarse de la senda de enfrentamiento y crispación que había seguido su antecesor, Paulino Rivero. A tenor de lo ocurrido tras el encuentro entre ambos mandatarios -las declaraciones del mismo presidente del Gobierno canario y la reunión posterior entre ambas administraciones-, se puede colegir que esta estrategia va a dar, a los intereses del pueblo canario, mejores resultados que la anterior. Dicho esto, tampoco se trata ahora de dormirse en los laureles, pues tal y como apuntaba EL DÍA en su editorial del pasado miércoles, en los últimos cuatro años son muchas las injusticias cometidas con las Islas por el Gobierno del Partido Popular: Plan Integral de Empleo de Canarias, Convenio de Carreteras... La primera prueba a la que se enfrenta Rajoy, para demostrar que su buena disposición no son solo palabras huecas, está en los Presupuestos Generales del Estado de 2016, que ahora mismo se están debatiendo en las Cortes Generales. Debe ser ahí donde se plasmen y hagan realidad las buenas intenciones del Gobierno central. De momento, todo se reduce a la "buena sintonía y disposición" mostradas por el Gobierno central para acelerar la negociación sobre la reforma de los aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal de las Islas. Que no es poco, después de tanta sinrazón, pero insuficiente. Los presupuestos de 2016 deben tratar a las Islas como se merecen. Así lo reclama la sociedad canaria en su conjunto y así se lo transmitió Clavijo a Rajoy el pasado miércoles.
La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, anda muy preocupada -o quizás sea mejor decir ocupada- en multiplicar las sedes de la Cámara autonómica, impulsando las delegaciones insulares. No es la primera, y seguramente tampoco la última, que intenta una operación semejante. Ya en su día José Miguel Bravo de Laguna, otro canarión, intentó una maniobra similar con el objetivo de que Tenerife, y más en concreto Santa Cruz, se quede sin la sede del Parlamento. Están tardando los diputados de esta Isla en salir a la palestra para explicarle a la señora Darias que al igual que los parlamentarios nacionales realizan su labor en las dos provincias canarias sin existir delegaciones del Congreso y del Senado, los diputados canarios no precisan de más parafernalia para recoger las demandas de los ciudadanos.
Buena noticia la decisión del Cabildo de Tenerife de rescatar el programa de Tenerife y el Mar con el fin de mejorar el litoral de la Isla, tan deteriorado en algunas zonas de la misma. Este plan, compuesto por pequeñas actuaciones, dirigidas a la conservación y desarrollo de un buen número de enclaves de la costa insular, permitirá, además, la creación de unos 1.500 puestos de trabajo directos.