Los vecinos de Bajo la Cuesta amplían la denuncia que ya tenían presentada contra la alcaldesa de Candelaria por otros dos supuestos casos de presunta prevaricación. El abogado de este colectivo, José Ortega, apunta como causas de esas acusaciones la negativa de la Alcaldía a unificar los expedientes (de desalojo y de los requerimientos a herederos de Juan Galán y a Endesa) y que la comunicación a uno de los dueños del talud no obliga a repararlo.
En la denuncia, el letrado explica que los vecinos no han podido constatar que el ayuntamiento haya requerido a la empresa Endesa, como propietaria de una parte del talud, el arreglo del mismo.
Además, "de forma extraordinariamente sorprendente", el requerimiento y orden de ejecución subsidiaria a los herederos de Juan Galán (los otros propietarios del talud) "no se refiere a la obligación de aseguramiento y reparación del acantilado en toda la parte de su propiedad, sino únicamente a un embolsamiento de piedras que habrían quedado atrapadas en una malla metálica a modo de bolsa. El presupuesto para esta reparación es de solo 6.000 euros".
Los afectados entienden que este decreto de la alcaldesa "constituye un nuevo delito de prevaricación" debido a que, "después de argumentar extensamente sobre el riesgo de desprendimientos en toda la extensión del acantilado y de aludir a la obligación de los herederos de Juan Galán de reparar la totalidad de pared de su propiedad, se limita a ordenar la intervención solo en una mínima parte, lo que, desde luego, no resuelve el problema sino que deja subsistente la mayor parte del supuesto peligro".
Ortega va más allá al exponer que la alcaldesa "lleva 15 días haciendo caso omiso de la orden del juzgado para que aporte los requerimientos", y enfatiza que "se resiste a acumular todos los expedientes en uno porque los vecinos tendríamos acceso en todo momento al contenido de toda la documentación, incluidos los requerimientos y la efectiva notificación de los mismos".
La Alcaldía opta por mantener silencio
María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria, optó por mantener silencio sobre este nuevo episodio con los vecinos de Bajo la Cuesta, sobre los que pesa un decreto de desalojo por riesgo de desprendimientos en el talud del lugar. Los afectados critican que "se niega a responder" a sus peticiones de acceso a los expedientes, "lo que despierta justificadas sospechas de ocultación", indican en su ampliación de denuncia. "En este contexto, creemos que la resistencia a acumular los expedientes obedece a esa finalidad oculta e ilegítima y, por tanto, constituye presuntamente un nuevo delito de prevaricación", indican.