La igualdad consiste en tratar desigualmente a los desiguales. Excepto si eres presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Luis Ibarra está que se lo llevan los demonios porque al puerto de Tenerife se le están dando algunas ventajas con las bonificaciones de tarifa de estancia para incentivar las reparaciones navales.

El Puerto de la Luz y de Las Palmas tiene casi cien talleres dedicados a las reparaciones de barcos. También en este aspecto le saca una clara ventaja al puerto tinerfeño que desde hace muchos años -muchos- se ha convertido en el eterno segundón. Ibarra ha soltado amarras pidiendo igualdad de condiciones y tarifas y denunciando la competencia desleal del puerto tinerfeño.

El discurso de la libre competencia es irreprochable, sólo que naufraga estrepitosamente cuando hablamos de puertos del Estado; es decir, de organismos públicos con una determinante participación de las instituciones locales y de la administración del Estado. Lo que caracteriza precisamente la actuación pública es el principio de favorecer a los más débiles, de incentivar el desarrollo de los menos favorecidos y de lograr un mismo nivel de progreso para todos los administrados. Siendo esto así, las condiciones de un puerto como el de La Gomera nunca pueden ser similares a los de Algeciras. Dicho de otra forma, no puede haber "una política" igual para todos los distintos puertos del Estado. Igual debiera haberla, pero no la hay. Como tampoco hay una política de inversiones basada estrictamente en el volumen o importancia de los puertos, aunque está claro que los más importantes suelen tener, a la larga, mayores recursos.

El sino de esta legislatura va a ser, por lo visto, la reflexión "en espejo". Una vieja técnica insular canaria que consiste en analizar los problemas propios enfocándolos en función de su paralelismo con los de la isla de enfrente. Así, los asuntos del Puerto de Las Palmas no son los que son, sino las ventajas o las oportunidades que se le den al de Tenerife. Y el que se instale o no se instale una central desgasificadora en Gran Canaria está también en el contexto de que tampoco se instale en la isla de Tenerife.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tiene clarísimo que su isla va a apostar por la sostenibilidad. Eso implica -para él- decir que no a la planta regasificadora. Queda en el aire si también se niega a la otra posibilidad que es una instalación ubicada en un barco, una "instalación efímera" que no compromete la amortización de inversiones por décadas. Para mostrar los peligros del gas, Morales hace una apocalíptica descripción de lo que sería una explosión en una central de gas. "Un peligro tremendo para la población" dice Morales, ya que sería una explosión que en 126 segundos llegaría a los 3,7 kilómetros de altura con un diámetro de 2,5 kilómetros. Horrorosa imagen a la que los chicharreros, por cierto, deberían estar acostumbrados. Es una de las hipótesis de explosión de los tanques de gas de la vieja refinería capitalina que lleva aquí desde los años 30. Sin explotar.