La Asociación de Empresarios del Suroeste de La Palma (Esuropal) alude a "la gravedad de la situación en que se encuentran las diversas inversiones turísticas previstas para la Isla" y de "la imposibilidad actual de autorizar cualquier otra de menor tamaño". La causa es la sentencia en firme del Tribunal Supremo (TS) que anuló el Decreto 123/2008, de 27 de mayo de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Los empresarios indican que esa decisión judicial supone "la anulación radical, entre otras, de los cinco campos de golf planificados, de seis actuaciones convencionales aisladas y de varios núcleos turísticos, entre los que destacan los de Santa Cruz de La Palma, Los Cancajos y el Puerto de Tazacorte". Además, conlleva "la imposibilidad de colocar unas 8.000 plazas alojativas en los espacios previstos en el Plan Territorial Turístico para tal fin".
Esuropal considera que "el Cabildo de La Palma y el Gobierno de Canarias deben coordinarse para poner las soluciones necesarias de la manera más rápida posible".
La situación la agrava "otra reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 2 de junio de 2015, que anula el Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane, retrotrayendo la situación a las condiciones legales existentes en el año 1987". En este caso, "impide la ejecución de importantes actuaciones turísticas planificadas para el municipio, especialmente en aquellas zonas donde se habían previsto inminentes inversiones, como Puerto de Naos y Charco Verde".
Esta anulación supone "la imposibilidad de colocar unas 5.000 plazas alojativas turísticas en los espacios previstos en el Plan Territorial Turístico dentro del municipio de Los Llanos de Aridane.
En ese marco, la Asociación de Empresarios del Suroeste de La Palma señala que de la información que ha recabado respecto a las consecuencias y efectos de estas sentencias en las previsiones de inversión turística para la Isla a corto y medio plazo, que la propia administración ha venido anunciando reiteradamente, "entendemos que la totalidad del Plan Territorial Turístico queda afectado, ya que la anulación del Decreto 123/2008 deja sin efectos los otros dos Decretos 95/2007 y 120/2010, que sirvieron para aprobar el Plan Turístico de La Palma".
A las administraciones
Esuropal plantea "al Cabildo y a todos los ayuntamientos que, de forma responsable y conjunta, tomen conciencia del problema existente y se apliquen de manera coordinada a encontrar una solución rápida y segura". En tal sentido, entienden que "ha de ser el Cabildo la administración que, conjuntamente con el Gobierno de Canarias, asuma íntegramente la dirección de los trabajos y gestiones necesarias para solventar la problemática sobrevenida". Del Ejecutivo regional reclama que, en sus competencias, "lleve a cabo las iniciativas de gobierno y legislativas necesarias para coadyuvar, coordinadamente con el Cabildo, en la solución del problema creado a un sector estratégico para la economía de la Isla.