Alrededor de 12.000 personas dependientes en el Archipiélago no reciben ningún tipo de ayuda. La cifra fue reconocida ayer por la vicepresidenta del Gobierno autonómico y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, que admitió que la dependencia es uno de los grandes problemas y retos que tiene hoy Canarias y anunció que su departamento está preparando un plan de choque para reducir la cifra y atender al mayor número de personas posible.

Hernández, que hizo estas declaraciones ayer, tras reincorporarse de su baja maternal, explicó que en el mecanismo que está ultimando participarán ayuntamientos y cabildos, especialmente estos últimos. "Este plan exige un esfuerzo de coordinación", apuntó. La vicepresidenta elaboró una radiografía de la situación que, a su juicio, ha vivido Canarias en este sentido hasta la actualidad. "No es que muchas personas fallezcan sin cobrar la prestación, como se ha denunciado; es que muchas ni siquiera llegan a ser valoradas", lamentó.

Una de las prioridades para articular ese plan de choque y aumentar la cobertura es "adaptar el sistema canario al estatal". Según Hernández, el Ejecutivo regional debe cumplir los requisitos de la Ley de Dependencia, ya que solo de esta forma podrá recibir más fondos con los que asistir a estas familias. "Hay muchas personas que están muy mal y no están recibiendo su derecho; porque la dependencia es un derecho, no una ayuda".

Además de los problemas para atender a dependientes, Hernández aseguró que el Ejecutivo habilitará en breve un crédito extraordinario de 7 millones para atender a 3.500 personas que tienen derecho a cobrar la Prestación Canaria de inserción (PCI) y no lo están haciendo.

La también consejera aprovechó este reencuentro con los medios para analizar la situación de los refugiados que estos días huyen de países como Siria o Afganistán. Además de criticar el incumplimiento de la ley de asilo en muchos países, comunicó que el catálogo de recursos para atender a estas personas se encuentra prácticamente listo y la Comunidad está en condiciones de acoger a las 600 personas que, en principio, vendrán.

las claves

3.500 sin cobrar. En estos momentos hay 3.500 personas que tienen derecho a cobrar la PCI y no lo están haciendo. El Ejecutivo espera que lo hagan "lo antes posible"

Utilidad de la PCI. La vicepresidenta reconoció que el objetivo de la PCI, la inserción en el mercado laboral, no se está cumpliendo.

Las políticas activas de empleo, en el REF

Una de las ventajas de que el Régimen Económico y Fiscal (REF) reconozca a Canarias como región ultraperiférica es que las políticas activas de empleo quedarán blindadas, explicó ayer la vicepresidenta Patricia Hernández. Hasta ahora, la condición de RUP se recogía en el ordenamiento europeo, pero no en el nacional.

Desde 2012, los fondos estatales para formar a desempleados se han desplomado. El año pasado solo algo más de 10.000 personas terminaron algún curso de formación, siete mil menos que a principios de siglo, a pesar del incremento del desempleo. La demanda, sin embargo, no ha hecho más que crecer.

"Es fundamental recuperar el Plan Integral de Empleo de Canarias, pero también otros fondos para políticas activas de empleo que se han recortado durante los últimos años", demandó Hernández.

La formación de personas en paro es la única forma para combatir el paro de largo duración y, en general, "reciclar" a la población y cualificarla para profesiones con más salida en el mercado laboral actual.

Una de las medidas que se están impulsando para recolocar a todas esas personas es incluir en los pliegos de los contratos públicos criterios de "responsabilidad social". En otras palabras, que el Gobierno de Canarias se comprometa a contratar a desempleados cuando saque una obra o programa a concurso, expuso la vicepresidenta.