Las arcas públicas de la Comunidad Autónoma ahorrarán al menos 160 millones de euros al año con la condonación "definitiva" del Impuesto General de Tráfico de Empresas (ITE), a la que ayer se comprometió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una reunión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

La desaparición de este pago anual al Estado es una demanda de Canarias que data de 1993, por lo que Clavijo mostró su "satisfacción por el acuerdo logrado, que da respuesta a una reivindicación histórica que, para 2016, suponía el pago de casi 193 millones de euros".

El encuentro, al que el presidente acudió acompañado de la consejera de Hacienda del Ejecutivo canario, Rosa Dávila, es continuación del mantenido recientemente con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, que se había comprometido a analizar la propuesta canaria de condonación del extinto ITE. Clavijo explicó que a finales de octubre se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias para concretar los aspectos técnicos de este acuerdo y, también, para determinar cómo afecta esta exención a los casi 193 millones de euros que Canarias tendría que pagar a Madrid en 2016.

De hecho, en 2016 Canarias debería abonar al Estado 192,8 millones de euros, de los que 32 millones se corresponden al pago aplazado del ITE de un ejercicio anterior. En la reunión de ayer se acordó que en la Comisión Mixta de octubre se resolvería la no devolución de esta cantidad, probablemente de forma escalonada.

Ambas administraciones quedaron emplazadas a trabajar en las próximas semanas en el contenido de la Comisión Mixta Canarias Estado de Transferencias, cuyos acuerdos tienen fuerza legal.

Clavijo valoró que, por primera vez, el Gobierno central reconozca el esfuerzo realizado por Canarias para situarse como una de las comunidades más saneadas. Por su parte, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, subrayó que se trata de un "reconocimiento histórico, que abre una nueva etapa en las relaciones entre Canarias y el Estado", y que sienta las bases "para que Canarias comience a ser tratada como le corresponde".

Por su parte, el ministro de Hacienda, que explicó que el ITE es "propio de Canarias y no es equiparable a la relación financiera" del Gobierno "con otros territorios de España", apuntó que, a la espera de la Comisión Mixta en octubre, se van a abordar "trabajos técnicos" y así "dar compensación a demandas históricas" del Archipiélago.

En declaraciones recogidas por Efe, Montoro indicó que se va a "replantear esa fuente de financiación que nace de Canarias hacia el Estado" y remarcó que los acuerdos de la Comisión Mixta permiten su traslado inmediato a los presupuestos estatales y autonómicos, por lo que son "equiparables a leyes". El ministro destacó el "buen clima reinante" con el Gobierno de Canarias.

¿Qué es el ite?

Es un tributo que desapareció con la entrada en vigor del IGIC en 1993. A partir de ese momento, los hechos imponibles que estaban gravados por el ITE fueron absorbidos por el impuesto canario.

Al ser un tributo estatal, la Administración General del Estado reclamaba hasta ahora que la Comunidad Autónoma devolviera cada año la parte de los ingresos del IGIC que corresponden a las ventas, obras, servicios y demás contratos y operaciones del tráfico de todas las empresas. El cálculo se realiza sobre las previsiones teóricas de ingresos vía IGIC.

El desacuerdo entre el Gobierno de Canarias y el central sobre si debía o no someterse a liquidación al final de cada ejercicio produjo que se acumulara la deuda correspondiente al periodo 1993-2007.

En el año 1999, las dos administraciones llegaron al acuerdo de liquidar la parte del IGIC correspondiente al extinto ITE. El resultado fue que Canarias se viera obligada a devolver al Estado unos 405 millones de euros y se estableció que el pago de esa deuda se produciría en plazos de 33,7 millones de euros a partir de 2012, cantidad que se sumaría a la retención de cada año y que en el caso de 2016 asciende a 159

La liquidación de las compensaciones se realiza dentro de las entregas a cuenta y liquidaciones del sistema de financiación autonómica y de los fondos de convergencia autonómica.