Entre enero de 2014 y julio de 2015, 1.567 personas fueron excluidas de la asistencia sanitaria en España como consecuencia de la aplicación del Real Decreto 16/2012, aprobado por la exministra Ana Mato, y en el cual se establecía que las personas en situación administrativa irregular, a excepción de las embarazadas y los menores de edad, sólo podrían acceder a los servicios de Urgencias.

Sin embargo, un informe realizado por la Red de Denuncias y Resistencia al Real Decreto (REDER), de la que forman parte 300 personas y organizaciones (como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria), ha mostrado que en 18 meses "muchas personas" no han podido acceder a los servicios sanitarios, a pesar de que tenían por ley ese derecho.

En concreto, REDER ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se les ha denegado la atención médica; 232 incidencias en Urgencias, que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro; y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

"Con estos datos la única salida es la derogación del Real Decreto porque es injusto, ineficaz y vulnera el derecho universal a la salud. Además, se puso en marcha de una manera confusa, lo que ha dado lugar a que todo el desarrollo del mismo haya multiplicado los efectos negativos de la exclusión", explicó la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín. Asimismo, los datos aportados incluyen 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 patologías degenerativas musculares, 8 de otro de tipo enfermedades degenerativas, más de 28 casos potencialmente mortales si no recibían el tratamiento sanitario adecuado y 27 personas con graves problemas de salud mental.

Del mismo modo, la red mostró que 25 casos de familiares ascendientes se han encontrado perdidos en un laberinto jurídico y legal y no han logrado ser atendidos en los servicios sanitarios.

La desinformación ha sido otro de los aspectos que han contribuido a engrosar estos datos ya que, tal y como muestra el informe, un 12% de los casos registrados corresponde a incidencias producidas por este hecho.

A esta cifra hay que sumar un 22% de personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho, y un 12% a quienes se les denegó por error.