Los propietarios de varias viviendas vendidas en 2008 a la empresa Sociedad Civil de Casas Baratas de Santa Cruz de Tenerife han iniciado los trámites judiciales para reclamar más de 700.000 euros más intereses a dicha empresa.

Según aseguró Antonio José Alcalá Benítez de Lugo, abogado de los propietarios de estas viviendas, sus clientes vendieron sus propiedades a dicha sociedad, pero no recibieron el dinero.

Un auto del Juzgado de Primera Instancia número cuatro estima que dicha empresa debe poner a disposición del abogado Antonio José Alcalá Benítez de Lugo los "estatutos de constitución de la sociedad civil" y "el libro de la socios de la sociedad en la que se recojan todos los miembros de la Sociedad Civil a fecha de la firma de los contratos [...] con el fin de poder demandar a cada uno de ellos".

La Sociedad Civil de Casas Baratas posee licencia de construcción de un solar en la calle Callao de Lima números 28, 30 y 32, que corresponden a las propiedades supuestamente vendidas pero no abonadas.

Según el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), Sociedad Civil de Casas Baratas solicitó en 2012 el fraccionamiento de 13.000 euros de liquidación tributaria. La liquidación que tenían que abonar en concepto de impuesto sobre construcciones ascendía a 43.193,55 euros sobre una base de más de un millón. Ingresaron 30.000 euros y solicitaron fraccionar los 13.000 restantes a Urbanismo.

Sin embargo, la Gerencia ni siquiera pudo notificar su resolución, por lo que la publicó en el BOP.

En la misma obra, aún cuelga un cartel con un teléfono que ya no existe, según responde la operadora telefónica. Este periódico intentó de esta forma ponerse en contacto con los propietarios de la empresa sin éxito.

Este tramo de Callao de Lima es uno de los puntos negros del centro de la ciudad, constantemente criticado por el abandono y el riesgo para la seguridad que constituye.

De hecho, la parte que hace esquina con Viera y Clavijo cuenta con redes protectoras en la parte alta para prevenir desprendimientos de la fachada. Según el abogado de la parte que reclama más de 700.000 euros, este edificio tiene protegida la fachada, motivo por el cual no lo han tirado.