Los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) elaborados por Arafo y Candelaria terminarán en la vía judicial si, finalmente, su contenido actual es el definitivo. La Asociación de Empresarios Polgüímar está dispuesta a "adoptar las medidas que sean necesarias y que correspondan" porque el mismo "no responde" a los acuerdos adoptados por los tres ayuntamientos, el Cabildo y el colectivo industrial en los últimos encuentros celebrados: abril y agosto del año en curso.

Candelaria y Arafo aseguran, en su propuesta conjunta de Estatutos de la EUC, que en el contenido que recibieron para su aprobación, elaborado a raíz de la reunión celebrada el 31 de agosto en el Cabildo, "se han adicionado o modificado artículos o apartados" de los Estatutos que ambos ayuntamientos aprobaron inicialmente el 27 de febrero y el 2 de abril, respectivamente, y que "no estaban en los acuerdos del Cabildo". Ambos consistorios se muestran "absolutamente de acuerdo con insertar" lo consensuado en la reunión celebrada en el Palacio Insular, "pero no en que se aproveche la nueva redacción de septiembre de 2015 para introducir nuevas modificaciones (...) y alguna de ellas, además, contrarias al ordenamiento jurídico vigente".

Con esa base argumental, el documento que firman la alcaldesa candelariera, María Concepción Brito, y el regidor arafero, José Juan Lemes, y que remitieron al Ayuntamiento de Güímar el jueves, es inicialmente rechazado por los empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar (que solo tienen conocimiento oficioso del contenido del mismo) porque, entre otras cosas, se les atribuye casi en exclusividad el coste del mantenimiento de la zona por un periodo de 17 años a partir del cuarto de vigencia de la Entidad Urbanística de Conservación.

La presidenta de la Asociación de Empresarios Polgüímar, Raquel Malo, recuerda que llevan muchos años asumiendo el mantenimiento de la zona industrial del Sureste y expone que seguirán participando en ello, tal y como acordaron todas las partes. Con ocasión de la polémica surgida en agosto, ya había advertido de la disconformidad de los empresarios con los Estatutos que se estaban tramitando (entonces, como ahora, estaban aprobados inicialmente solo por Candelaria y Arafo) y señalado la posibilidad de acudir a la vía judicial contra los mismos.

La Entidad Urbanística de Conservación no es un ente de obligada creación en el momento en que se encuentra el Polígono Industrial Valle de Güímar, atendiendo a la legislación vigente. Sin embargo, "accedimos a su puesta en funcionamiento por entender que serviría y servirá para corregir la situación actual y siempre que tenga carácter provisional". Es decir, los cuatro años de vida que pactaron los participantes en la reunión convocada por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, el pasado 31 de agosto.

Al colectivo empresarial también le llama la atención el hecho de que "se excluya del pago de cualquier cantidad a los municipios como titulares de los espacios que ocupan en el Polígono Industrial", como es el caso de los 20.000 metros cuadrados destinados a equipamiento deportivo y de ocio, así como a la propia asociación de empresarios del Consejo Rector de la EUC.

Algunos reparos

Antonio Daroca Vinuesa, secretario de la Asociación Mixta del Polígono Industrial Valle de Güímar y a quien el Cabildo encomendó la elaboración de la propuesta a los ayuntamientos, fue el encargado de dar forma a los acuerdos adoptados por las partes para elaborar los Estatutos de la EUC definitivos. El análisis técnico y jurídico de la misma realizado por Candelaria y Arafo detectó errores. Entre ellas, la inclusión de referencias a los planes generales de ordenación.

La duración

En la propuesta de Daroca, los Estatutos especificarían una duración de la EUC de tres años, "transcurridos los cuales las administraciones competentes se harán cargo del coste de todos los servicios públicos y el mantenimiento de la urbanización y se extinguirá obligatoriamente la entidad constituida". Candelaria y Arafo indican que esa "adición tampoco figura en el acuerdo del Cabildo, por lo que debe ser suprimida".

A partes iguales

En cuanto a los gastos de mantenimiento y conservación, Candelaria y Arafo consensuaron que los municipios asumirán el coste de la facturación del alumbrado público "a partes iguales", pero "se suprime la conservación, mantenimiento y reposición" del mismo (planteamiento surgido del Cabildo) "ya que la conservación del alumbrado público le corresponde a la EUC al ser función esencial".

No a la asociación

Candelaria y Arafo excluyen a la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono como miembro de la EUC porque "existe una limitación legal" al no ser propietaria de parcela alguna. Se justifica argumentando que "tampoco es miembro ninguna asociación en la que participan los ayuntamientos", mencionando la Fecam y la FEMP, así como la CEOE y Cepyme en el caso de las mismas empresas. En cuanto al hecho de que los municipios participen económicamente como titulares de parcelas, rechazan la medida porque se trata de parcelas no lucrativas.