Partidas económicas agotadas y sentencias que obligaron a pagar más de tres millones de euros fueron algunas de las cosas que encontró el PSOE al asumir la Alcaldía de Arona. El regidor, José Julián Mena, explicó ayer que en estos primeros 100 días de mandato el gobierno municipal ha tenido que abonar las indemnizaciones judiciales correspondientes a cinco casos, entre ellos el de la ocupación de locales en el edificio Zentral Center, las reclamaciones de la exempresa de mantenimiento UTE Elsamex y por la demora en la conformación de la Entidad de Conservación de Palm-Mar.

En estos primeros 100 días, además, el grupo de gobierno desbloqueó los servicios de mantenimiento de vías y de socorrismo, procediéndose en estos días a la adjudicación de los mismos. Asimismo, anunció que firmó un convenio con la Universidad de La Laguna para implantar un máster superior en Técnico de Turismo.

Pero el esfuerzo principal lo centró este gobierno en impulsar la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO), que quiere consensuar con la oposición y los representantes sociales. El Pleno aprobará, el lunes, una propuesta (que el alcalde quiere sea institucional) para iniciar la redacción del documento. De hecho, aseguró que han ordenado la redacción de la Evaluación Estratégica Ambiental y del Plan General de Ordenación.

Recordando que el Tribunal Supremo anuló definitivamente el PGO de 2011 "nada más asumir la Alcaldía", explicó que la normativa urbanística vigente actualmente en Arona data de 1993, pero "les puedo asegurar que el municipio no va a quedar paralizado hasta que haya un nuevo PGO".

En esa línea, Mena informó de que "estamos elaborando lo que se denomina técnicamente modificación puntual, que básicamente consiste en adaptar el documento a todas las normas supramunicipales de ordenación que tenemos que cumplir". Con ello, el gobierno local persigue amparar jurídicamente el urbanismo aronero de forma que no afecte a las construcciones existentes y con el fin de evitar situaciones como el fuera de ordenación.

"Esto es una garantía de que cumpliremos con la legalidad hasta que dispongamos del nuevo Plan General y que habrá seguridad jurídica para las inversiones locales y foráneas. Este documento lo hemos iniciado ya y lo elevaremos a la Cotmac en cuanto esté, y con certeza ocurrirá este año, para que reciba el correspondiente informe favorable", manifestó el alcalde de Arona.