Las comunidades de Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, así como 21 ayuntamientos han sido calificados por el Defensor del Pueblo como "administraciones entorpecedoras" de su trabajo durante este año, porque no han respondido a sus requerimientos de información.
Según un informe elaborado por el Defensor del Pueblo, las administraciones citadas son "entorpecedoras" porque "han dificultado u obstaculizado" su trabajo, "bien porque lo han hecho sistemáticamente o bien porque han desarrollado alguna actuación que, por negativa, merece ser destacada".
En el caso de Canarias, es la Secretaría general Técnica la "entorpecedora", y lleva 147 días de demora en su contestación a las peticiones de información formuladas por la institución que dirige Soledad Becerril.
Mientras, en Cantabria, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales lleva 126 días sin contestar los requerimientos de información y la Secretaría General otros tantos.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha está en el mismo club que las anteriores porque lleva 40 días de demora en su respuesta.
En el caso de las corporaciones locales, a los que se ha afeado su conducta son los ayuntamientos de Alicante, Cuenca, Villapalacios y Yeste (Albacete), Gozón (Asturias), Zalamea de la Serena (Badajoz), Caminomorisco (Cáceres), Castro-Urdiales (Cantabria) y Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).
También están Molvizar (Granada), Hornos de Moncalvillo (La Rioja), La Pola de Gordón y Santa María del Páramo (León), Colmenar de Oreja y Colmenar Viejo (Madrid), Cieza y La Unión (Murcia), La Granja de San Ildefonso (Segovia), Borobia (Soria), Gerindote (Toledo) y Xirivella (Valencia).