El Gobierno de Canarias eliminará el sistema de sorteo de viviendas sociales y pondrá en marcha un nuevo protocolo de baremación para adjudicarlas. La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, anunció ayer en comisión parlamentaria que la razón de esta decisión es "que el derecho a la vivienda no puede ser una cuestión de suerte".
Hernández informó de esta decisión en una comisión parlamentaria en la que habló de las líneas de actuación que la Consejería priorizará durante la legislatura que acaba de comenzar. La consejera prometió que su departamento acometerá numerosas actuaciones en materia de vivienda, entre ellas, un censo actualizado de casas vacías y la sustitución del sistema de sorteo por otro más equitativo. La primera de las medidas servirá para contar con un registro de alojamientos "de transición" que estarán a disposición de las familias que lo necesiten. La segunda contribuirá a establecer "un modelo más justo". "Creo que tenemos conocimientos suficientes como para poder articular un sistema justo para la adjudicación de viviendas. Algo tan importante no puede estar marcado por el azar", dijo.
La viceconsejera no comunicó cuándo estará en marcha el nuevo protocolo, pero sí que en su diseño participarán todos los agentes sociales implicados.
Además de esta medida, una reivindicación abanderada por numerosos colectivos, la consejera subrayó que la mejor política para luchar contra la desigualdad y la exclusión sigue siendo la creación de empleo, y que ahí radicará todo su empeño. Las políticas pasivas de empleo, como la prestación canaria de inserción (PCI), deben estar acompañadas de políticas activas, para lo que sería "fundamental" recuperar "el Plan Integral de Empleo de Canarias". Todos los grupos, a excepción del Partido Popular, se manifestaron en la misma línea. En ese sentido, Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Mixto, instó al Ejecutivo a incrementar la cuantía de los planes de empleo sociales. También Luis Alberto Campos, Noemí Santana y Héctor Gómez, representantes de Nueva Canarias, Podemos y Partido Socialista, respectivamente, pidieron hacer una radiografía más actualizada de la realidad social de Canarias, que pasa por actualizar la legislación que regula a las ONG y atender a mayores, niños en desamparo, mujeres que no llegaron al mínimo de años cotizados y hoy se encuentran en situaciones precarias y personas que viven solas o no pueden valerse por sí mismas.
La diputada popular Josefa Lutzardo quiso volver a poner sobre la mesa "el fraude" en las listas de dependientes canarios y criticó que la carta remitida al Imserso desde la Consejería solo hable de "un error atribuido a José Gilberto Moreno", entonces director general de Dependencia, y no busque responsables. Hernández dijo una vez más que no tiene intención de hacer oposición al anterior gobierno.
las claves
Criterios. La consejera Patricia Hernández asegura que los criterios se consensuarán con los agentes sociales.
Vieja reivindicación. La reforma del sistema de adjudicación de viviendas es una vieja reivindicación abanderada por numerosos colectivos.
Mapa social de Canarias. Los grupos parlamentarios demandaron un "mapa social actualizado" del Archipiélago, para conocer las demandas y carencias de la ciudadanía en exclusión.
La guerra por una PCI que sigue sin fecha de cobro
Se aprobará una ley de crédito extraordinario para devolver parte de la paga extra a los funcionarios, sufragar las altas y renovaciones de la prestación canaria de inserción (PCI) y valorar a nuevos dependientes. El importe total rozará los 40 millones de euros: 1,9 será para dependencia y 7,5 para dar cobertura a los demandantes de la PCI. Todos estos detalles fueron repetidos ayer por la vicepresidenta del Gobierno canario. Sin embargo, el anuncio más importante volvió a postergarse: cuándo ocurrirá.
Los grupos parlamentarios expusieron ayer su preocupación por la incertidumbre en la que continúan miles de personas. Según las propias cifras del Ejecutivo, hay 3.500 personas esperando por la PCI. Hernández no quiso dar una fecha aproximada a pesar de la insistencia y el enfado de Josefa Lutzardo (PP), que expresó sus "serias dudas" de que el dinero previsto en esta ampliación presupuestaria sea suficiente para atender a todas las personas que lo necesitan.
Tampoco Noemí Santana (Podemos) ni Luis Alberto Campos (NC) se mostraron convencidos del alcance de esta partida. Todos exigieron que el Gobierno realice un estudio para saber cuántas personas cumplen los requisitos para poder optar a esta ayuda de emergencia y presupueste en consecuencia. Campos, de hecho, comparó el presupuesto de la PCI con los fondos que destinada Euskadi, haciendo alusión a la visita reciente del presidente canario, Fernando Clavijo, para conocer de primera mano el modelo formativo y productivo de la región. "Tenemos mucho que aprender de los vascos, sobre todo en asuntos sociales", apuntó. Hernández insistió en que la aprobación de la ley no depende del gobierno y no habló de fechas.