Recogida de firmas en todo el barrio, documentos en contra avalados por las comunidades, cercanas o no, y hasta pancartas en los balcones. Las medidas que sean necesarias, sin descartar acciones de protesta directa como manifestaciones y el corte de vías o acudir al juzgado, para impedir que se abra el anunciado piso-albergue destinado a veinte personas sin techo con el perfil de "mínima exigencia" en una planta baja de la calle Agustín Espinosa. Así se expresó ayer de forma mayoritaria el centenar de personas, la mayoría residentes en Salud Bajo, Las Indias y el entorno de la avenida Venezuela, que abarrotó la sede de la AV Ruymán para participar en una reunión informativa sobre el recurso que Grupo 5, la nueva empresa concesionaria del servicio Centro Municipal de Acogida, ha propuesto que se habilite en la zona.

Los concejales de Atención Social, Óscar García, y del distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné, -otros de la oposición estuvieron entre el público-, junto a técnicos y cargos del IMAS, "aguantaron el chaparrón" durante casi dos horas en un ambiente muy tenso aunque la sangre no llegara al río. Los vecinos mostraron su rechazo al piso, tanto por la forma de llevar el proceso, según ellos "lleno de secretismo y falta de información", como por el fondo ya que consideran que el local, que fuera supermercado y gimnasio, "no reúne las condiciones mínimas en cuanto a ventilación y otros aspectos básicos para albergar personas. O por el hecho de dar a un patio interior común".

Además, denunciaron "el ruido molesto e intenso" del sistema de aire acondicionado". De hecho, la comunidad de vecinos del edificio "ni se ha enterado de nada hasta ahora ni ha firmado ningún permiso". No faltó, claro está, la oposición al perfil de quienes utilizarían la vivienda dada su posible condición de "conflictivos". Y el rechazo a "su traslado cada noche por la UMA desde el Albergue para dormir allí".

Hubo división, dentro de un ambiente de enorme controversia, entre los que reclamaron el anonimato de una cita "exclusivamente vecinal" con "descargue" incluido hacia los reporteros gráficos presentes y aquellos que exigieron luz y taquígrafos "para dar a conocer el problema a la opinión pública". Vecinos en estado puro.

Los dirigentes del colectivo vecinal, con su presidenta, Carmen Elena González, a la cabeza, intentaron llevar la reunión y los turnos de palabra hasta donde pudieron sin demasiado éxito. La alusión a la falta de un informe técnico de la Gerencia de Urbanismo para dar la preceptiva licencia de apertura fue un argumento radicalmente rechazado por el auditorio. Sea positiva o negativa esa resolución, señalaron, "no queremos que se abra aquí". La pregunta fue: "Si pretendían abrir el día 14 del mes pasado y se han frenado por nuestra presión, ¿por qué ese informe?"

Alguna alusión a la solidaridad dio paso a un concierto de abucheos, conversaciones a medias, un runrún constante, aplausos, gritos, indignación, "mutis por el foro" y un ambiente de rebelión y desobediencia civil. También emergió desde las sillas todo un muestrario de posibles alternativas en suelo público "que pagamos todos", desde el centro de inmigrantes de Hoya Fría, "ahora vacío", a Tenerife I o hasta la trasera de la nueva oficina municipal del parque de La Granja.

Los políticos manifestaron sus "disculpas" ante la acusación de falta de información, garantizaron que no se abrirá el centro hasta conocer el informe mencionado y que se barajan otras alternativas en la ciudad para ubicarlo en otro sitio. Reconocieron que la empresa, en la que delegaron los técnicos municipales, ha podido equivocarse al decidir situar el recurso en esta zona.

Hubo críticas a la ausencia de José Manuel Bermúdez "como alcalde y como vecino que fue de este barrio" (vivió en la avenida de Venezuela) y al hecho de que esto no se destapara "antes de las elecciones". Lo cierto es que ya se había reunido previamente varias veces, la última el martes pasado, con la asociación y reconoció en ese foro que "tal vez esta no sea la mejor ubicación para el recurso que he visto". Su compromiso es que "no se abrirá hasta solucionar el conflicto". Porque conflicto, y ayer quedó muy claro, hay en Salud Bajo.