Todos necesitan una casa, pero dentro de la precariedad también hay grados. Según la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, alrededor de 15.000 familias están apuntadas en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Canarias. Si han entrado en ese listado es que su desgracia está, literalmente, acreditada. Cumplen con todos los requisitos para poder optar a un piso social, desde la renta -sus ingresos son inferiores a 11.000 euros-, hasta haber pasado siete años residiendo en el Archipiélago y dos de manera permanente en el municipio donde aspiran a vivir. Sueñan con que les toque la lotería y sus nombres aparezcan en las listas de afortunados. Ahora, el azar va a dejar de tener la última palabra. Pero, ¿cómo se mide la necesidad con tanta precisión?
La entrega de llaves siempre ha estado envuelta en una mezcla de ilusión y desesperación. Personas con menos recursos han visto, una y otra vez, cómo otras, con más, conseguían un hogar. Pero también ha habido alegrías entre quienes más lo necesitaban. Los políticos de turno siempre han aprovechado para salir en la foto y poco se ha hablado de todos aquellos que no tenían derecho a posar delante de la cámara.
El Gobierno de Canarias anunció esta semana que modificará el decreto que estipula el procedimiento de sorteo para acceder a una vivienda social. En lugar del "bombo" actual, la Consejería de Viviendas, Políticas Sociales y Empleo diseñará, en colaboración con los agentes sociales implicados, un protocolo de baremación. El objetivo de este cambio es, en palabras de la vicepresidenta y consejera del ramo, Patricia Hernández, "garantizar que el derecho a la vivienda no sea una cuestión de cara o cruz", sino que responda a criterios objetivables.
El Decreto 138/2007, de 24 de mayo, regula el actual régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública en las Islas. Además de exigir que el demandante no cuente con otra vivienda propia o no haya sido beneficiario en otro sorteo de este tipo, la normativa limita los ingresos en función de un indicador diseñado en 2004 para establecer la concesión de ayudas en todo el territorio nacional. Se trata del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sustituyó al Salario Mínimo Interprofesional como vara para medir la concesión de ayudas, becas, subvenciones o determinados subsidios.
Para María Candelaria Delgado Toledo, vocal del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife, la decisión del Ejecutivo es, a priori, una buena noticia. "Siempre hemos dicho que el sorteo era un mecanismo injusto. Es verdad que en el sistema actual hay límites de renta, y que las personas que tienen derecho a optar a una casa tienen unos ingresos muy bajos, pero aun así, dentro de ese grupo, hay diferencias muy grandes y, sin embargo, todas han estado siempre dentro del mismo saco".
La normativa actual, no obstante, contempla distintos cupos para optar a la planta residencial pública. El mayoritario es el general, donde entrarían todas estas familias, pero luego hay otros, más reducidos, para atender a núcleos familiares en estado de exclusión absoluto, personas con algún tipo de discapacidad, víctimas de violencia de género, familias numerosas o retornados. Estas cuotas han estado muy lejos de cubrir las demandas de la población, especialmente durante los últimos años, con una crisis que ha convertido el derecho a la vivienda en una quimera.
Las personas que engrosan estos listados presentan distintos perfiles. Es verdad que algunas no tienen vivienda, pero no es el perfil mayoritario. Gran parte de ellas vive en casas sobrecargadas -muchas personas comparten un espacio muy reducido- porque las dificultades económicas han propiciado el "reagrupamiento familiar" a la fuerza. Es decir, abuelos, hijos y nietos que conviven bajo el mismo techo.
El Ejecutivo canario ha asegurado que el primer colectivo al que requerirá ayuda para elaborar el nuevo sistema de baremación es el Colegio de Trabajadores Sociales. Consideran que estos profesionales, además de los empleados de los ayuntamientos, conocen de primera mano la situación que viven los vecinos. El Gobierno no quiere hablar aún de fechas para el cambio normativo. Tampoco parece lo más importante para los trabajadores sociales, que están más preocupados por la escasísima oferta de vivienda pública que existe. El Gobierno central ha eliminado prácticamente todas las ayudas estatales para construir o habilitar estos alojamientos, lo que ha dejado a las comunidades autónomas solas ante este reto. Delgado insiste en que la meta ahora es repensar el mapa de vivienda pública y buscar soluciones, como la rehabilitación o los acuerdos con entidades bancarias, para dar solución a gravísimas situaciones que se repiten todos los días, advierte.
Es posible que la dura crisis por la que aún atraviesa la sociedad canaria haya sido artífice de esta transformación normativa sin saberlo. El director general de Vivienda, José Gregorio Pérez, reconoce que las situaciones personales con las que se han enfrentado muchos empleados de la Consejería han influido en el cambio de rumbo. Ellos han sufrido en primera persona la sensación de impotencia y desconcierto de los participantes de este cruel concurso: aquellos que eran incapaces de acabar el mes y encima no tenían derecho a una vivienda. Se rebelaron porque se dieron cuenta de que "era injusto", cuenta el director.
Cuando a Pérez le insinúan que el nuevo formato podría llegar a no ser justo al cien por cien, que calibrar la desgracia ajena tiene límites, y que la suerte solo es un añadido de toda la ecuación, no duda en su respuesta: "Estamos preparados para que eso no ocurra. Somos lo suficientemente inteligentes", dice. Y lo argumenta: "Es muy complicado que dos personas empaten; el sistema de puntuación incorporará numerosas variables. La posibilidad de que dos familias compitan en igualdad de condiciones es prácticamente nula. Además, se incluirán criterios para garantizar ese desempate, como podría ser la antigüedad o la fecha de registro de la solicitud", plantea.
El sistema de adjudicación por sorteo no es patrimonio exclusivo de Canarias. La mayoría de las comunidades autónomas combina ambas modalidades: la que depende del azar, que es la mayoritaria, y la que protege a determinados colectivos más vulnerables. La legislación sobre viviendas sociales en España está muy vinculada a la Constitución de 1978, que consagra el derecho a la vivienda, pero la burbuja inmobiliaria y la perversión especulativa de los pisos de protección oficial han demostrado que el camino para asegurar este derecho es aún largo, en Canarias y en España.
Las casas de los bancos deben ser "sociales"
María Candelaria Delgado Toledo cree que en Canarias hay un problema importante de vivienda social. "Solo en Tenerife hay alrededor de 2.600 personas esperando por una casa, y en Gran Canaria, más de 3.000". La situación, que se ha agravado con la crisis, exige medidas excepcionales y contundentes, precisa. La primera que sugiere es la negociación con las entidades bancarias para que las promociones de viviendas que tienen cerradas puedan ser usadas con un régimen de alquiler social. "El Gobierno tiene autoridad para negociar con ciertas garantías de éxito", dice.
"Hay que practicar conciertos como el que se ha logrado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)", propone. Sareb es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia). Recibió casi 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros, de los que el 80% son activos financieros y el 20% activos inmobiliarios.
No se trata solo de utilizar los recursos que existen, sino de que las posibilidades de que se construyan más promociones de vivienda pública son mínimas. Hace años que apenas hay oferta y los recortes del Estado invitan a pensar que en el futuro será aún menor, lamenta Delgado.
Con ese panorama, el margen de acción de los gobiernos autonómicos "es reducido, pero no nulo". La rehabilitación es una de las opciones que contemplan, pero también la cesión de estas casas que han pasado a ser propiedad de los bancos. "Lo primero que hay que hacer es un censo de viviendas vacías, para saber qué hay, y luego empezar a dialogar con las entidades a ver a qué acuerdos se pueden llegar".
"Muchos no abonan las cuotas de las comunidades" y cometen otra serie de irregularidades. "El Gobierno tiene un margen de acción para presionar por ahí", apunta.
las claves
Trabajadores sociales. El papel de los trabajadores sociales será clave en el diseño del nuevo protocolo de puntuación para acceder a una vivienda social.
Oferta alojativa. Los recortes estatales han hecho que la oferta alojativa de este tipo se reduzca hasta la mínima expresión. El Colegio de Trabajadores Sociales considera que hay que buscar nuevas fórmulas para garantizar el derecho.
Crisis. Tanto para la Administración como para el colegio el efecto de la crisis es evidente. Han aumentado las solicitudes para acceder a una vivienda. El Gobierno ha priorizado sus esfuerzos y ha dejado en segundo plano apuestas como la emancipación juvenil.