Barreras físicas, pero también administrativas. Las personas que sufren algún tipo de discapacidad tienen que enfrentarse cada día a numerosos obstáculos, la mayoría ocasionados por la escasa sensibilización pública, pero otros como consecuencia de una legislación de mínimos y del limitado convencimiento político. En el Archipiélago, además, deben hacerlo con un sueldo medio anual de 19.346 euros, el más bajo de todo el país, junto con los que viven en el Sur y el Noroeste de la Península.
Estos datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ponen de manifiesto una demanda repetida por los colectivos afectados: que los muros no son solo físicos y que siguen condicionando la vida de miles de personas. Ana Mengíbar, portavoz de la plataforma Queremos Movernos, no esconde su preocupación por el efecto de la crisis en la merma de capacidad adquisitiva -el sueldo cayó más de 500 euros entre 2007 y 2013-, pero pone el foco en un problema que se ha eternizado y que suele pasar inadvertido: las reducidas tasas de actividad y ocupación. Esos porcentajes son fundamentales para comprender el grado de inclusión social de las personas con discapacidad, sostiene. Aunque el INE no ofrece datos de estos indicadores desglosados por regiones, no es difícil hacerse una idea de la escasa penetración laboral del colectivo. Según el organismo público, la tasa de actividad en toda España es del 37,4%, casi cuarenta puntos inferior a la de la población sin discapacidad; la de ocupación, del 24,3%, menos de la mitad que la del resto; y la de paro llegó al 35%, nueve puntos más. Además de este panorama, la desigualdad entre sexos cobra aquí otra dimensión. Mengíbar incide en la gran disparidad de retribuciones que se da entre personas del mismo sexo, siempre en detrimento de quienes tienen algún impedimento físico o sensorial. El sueldo de los varones con discapacidad es un 20,5% inferior al de los hombres sin discapacidad. La diferencia entre mujeres es del 12%.
Esta situación ha motivado numerosas reivindicaciones por parte de los colectivos que representan a estas personas. Gracias a ello, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación para el Empleo y la Formación de Personas con Discapacidad suscribieron hace un año el convenio para el desarrollo del "Libro Blanco sobre acceso e inclusión en el empleo público de las personas con discapacidad", que será presentado mañana en Madrid, y que contiene propuestas para mejorar el escenario laboral de estas personas. "Necesitamos tener una educación inclusiva de verdad. No nos valen esas programaciones de cursos para jardineros y otras profesiones que se han normalizado como propias de las personas con discapacidad", denuncia la representante. "La formación para el empleo es fundamental para garantizar la inclusión laboral". Es una cuestión de solidaridad, pero también de eficiencia: "Es más rentable garantizar la inclusion que no hacerlo".
las claves
10 % Incidencia. Alrededor del 10 % de la población sufre algún tipo de discapacidad, lo que significa que este colectivo engloba a más de 200.000 personas en el Archipiélago.
Tipología. Los salarios más bajos correspondieron a los trabajadores con discapacidad intelectual y
mental. Los trabajadores con discapacidad sensorial y física perciben los más elevados.
Desigualdad por sexo. Los hombres con discapacidad cuentan con un salario un 20,5% inferior al de los hombres sin discapacidad. Entre las mujeres la diferencia es de un 12,1%.
Diferencias por cargo. En puestos de ocupación altos (directores, gerentes, técnicos y profesionales científicos, técnicos intelectuales y de apoyo) los trabajadores con discapacidad perciben un salario un 4,9% inferior al resto de los trabajadores.
Canarias no tiene plazas para discapacitados físicos
La plataforma Queremos Movernos se reunió la semana pasada con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, para trasladarle sus demandas. El encuentro finalizó con el compromiso de cear una comisión para diseñar una política alojativa que dé respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad física.
Ana Mengíbar considera que la histórica petición es ya una urgencia. "Canarias no cuenta con una oferta de residencias o pisos tutelados para este fin". Muchos afectados viven con sus padres hasta que estos fallecen; "luego necesitan que alguien los atienda, y no siempre tienen familia". Por ese motivo, y para que los jóvenes con discapacidad no acaben en geriátricos - "como ocurre ahora"-, Mengíbar y la plataforma de la que forma parte han concentrado sus esfuerzos en esta demanda. "Se merecen una vida digna". Agradecen el compromiso del gobierno, aunque reconocen que los escasos avances en esta materia a lo largo de la historia impiden que sean más optimistas. "Hay una lista de espera tremenda para las pocas plazas que hay. Un ejemplo es el centro de El Sauzal. La oferta para los discapacitados físicos es nula, a pesar de la demanda".