El Partido Popular está convencido de que la nueva Oficina Judicial y Fiscal -el proyecto destinado a modernizar y racionalizar la Administración de Justicia- no verá la luz en esta legislatura. El diputado Emilio Moreno puso ayer palabras a este escepticismo en la comisión de Gobernación del Parlamento de Canarias. "Me da la sensación de que no la tendremos en 2019", comentó.
Moreno fue muy crítico con los argumentos esgrimidos por el consejero del área, Aarón Afonso, quien achacó a las restricciones presupuestarias del Estado la demora en materializar la Oficina Judicial. Los impedimentos legales a los incrementos salariales -en concreto, a aplicar el acuerdo sobre el complemento específico transitorio para los empleados públicos- han bloqueado las relaciones de puestos de trabajo de los diferentes organismos de Justicia, lo que, a su vez, obstaculiza la materialización del proyecto, alegó Afonso, quien, aun así, expresó la "firme intención" del Gobierno canario de implantar de forma "paulatina" la Oficina Judicial.
El parlamentario del PP recordó que el retraso en este aspecto se remonta al año 2008, precisó que el acuerdo sobre el pago del complemento específico entró en vigor en enero de 2011 -"cuando los nuevos gobernantes (del Partido Popular) no habían llegado al poder"- y sostuvo que "no hay ninguna justificación" para esta demora.
El consejero atribuyó también la situación al "maltrato histórico" al que, a su juicio, han sido sometidas las Islas en materia de financiación. Afonso urgió al PP a apoyar las enmiendas de PSOE y CC en las Cortes Generales para que lleguen más recursos a la Comunidad Autónoma y recalcó que, pese a que en Canarias se recaudaron 16 millones de euros con el aumento de las tasas judiciales, solo se invirtieron 357.000 para "reformar la Administración de Justicia".
Preguntado por María Concepción Monzón, diputada del grupo parlamentario de Podemos, sobre la posibilidad de que el Archipiélago cuente con dos nuevos órganos judiciales -uno en cada provincia-, Aarón Afonso se remitió a la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia, que se celebrará hoy en Madrid y en la que el Gobierno autonómico realizará una propuesta en este sentido.
las claves
La Ley de Estabilidad Presupuestaria impide a Canarias aplicar el acuerdo sobre el pago a los funcionarios judiciales del complemento específico transitorio.
Ese impedimento, a su vez, obstaculiza la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, lo que frena la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal.
Pese a ello, el consejero de Justicia expresó su "firme intención" de implantar de forma paulatina el proyecto de modernización y racionalización de los recursos de la Administración de Justicia.