Los problemas de vivienda continúan afectando a numerosas familias canarias, que desde que empezó la crisis han visto cómo el derecho a tener un hogar se ha vuelto casi una quimera. Las plataformas de afectados por la hipoteca (PAH) de las Islas volvieron a alertar ayer de que el drama de los desahucios sigue destrozando muchos hogares y boicoteando la infancia de los más pequeños. Por ese motivo, estas organizaciones han solicitado de manera formal al Gobierno de Canarias la puesta en marcha de un protocolo de medidas urgentes para atender a los afectados, "una opción que contempla la ley vigente".

Para hacer oficial su reivindicación, las plataformas presentaron escritos en distintas sedes del Instituto Canario de la Vivienda, la Federación Canaria de municipios (Fecam) y la de cabildos insulares (Fecai) repartidas por todas las islas orientales y Tenerife. En el documento, además, alertaban del peligro de hasta 53 posibles desalojos, algunos de ellos "inminentes" y que tendrán lugar durante los próximos días.

La Consejería de Políticas Sociales ha tomado nota de las demandas y asegura que los técnicos están estudiando los casos, "uno a uno", para intentar dar respuesta y evitar que esas personas no cuenten con un alojamiento digno. En muchos de los casos denunciados están protagonizados por personas que han ocupado viviendas y que no tienen impagos de hipoteca pendientes. Los afectados subrayan que estas situaciones son igual de dramáticas y que se están produciendo porque la crisis está lejos de desaparecer: "Los desahucios de alquileres se han incrementado alarmantemente, y como consecuencia de la falta de prevención e intervención han aumentado las ocupaciones en precario".

Inma Évora, portavoz de la PAH en Tenerife, no esconde su preocupación y enfado por la gestión que está llevando a cabo Patricia Hernández al frente de la Consejería de Vivienda, Empleo y Políticas Sociales. "No entiendo cómo puede decir que no ha habido desahucios de primera vivienda. ¿Dónde vive? La situación está peor que antes, y es así porque no se están usando los mecanismos que la ley contempla, es decir, el protocolo para casos excepcionales", denuncia.

Las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda exigen que se aplique el artículo 21.4 del Decreto 138/2007 de 24 de mayo, por el que se establece el régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública del Instituto Canario de la Vivienda en casos de extrema necesidad. "De esta forma se podría haber evitado el sufrimiento de miles de familias que han acabado en la calle, sin atención y sin encontrar amparo legal", puntualiza.

"No hay oficinas antidesahucios que valgan mientras exista gente sin casa y casas sin gente", advierte Évora, que asegura que la PAH seguirá ayudando a las personas a "tutelar" su derecho mientras la Administración "siga sin hacerlo". Esta certeza es la que ha hecho que tengan preparada ya una moción que registrarán mañana en el Parlamento.

Situaciones "muy graves"

Algunas de las situaciones más graves, según las plataformas antidesahucios, se dan en Tenerife, donde estiman que se producirán dos desalojos el mismo día. Uno de los casos es un desahucio por alquiler de una unidad familiar compuesta por dos discapacitados psíquicos y un hombre de más de 50 años. En el otro hay una niña con una enfermedad crónica.

Ninguna ejecución

La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, ha reiterado en varias ocasiones que no se ha producido ningún desahucio desde que llegó al Gobierno. Hace unos días anunció una oficina para garantizar el derecho a la vivienda.