La fiscalía alemana ordenó hoy registros en varias sedes de Volkswagen, entre ellas la central en Wolfsburgo, y en domicilios de trabajadores del grupo para recabar información que permita identificar a las personas implicadas en el trucaje de los motores diésel.
La fiscalía de Braunschweig, cercana a Wolsfburgo (norte del país), explicó en un comunicado que dio ese paso para incautarse de documentación y soportes informáticos "que puedan contener información sobre el exacto proceder y la identidad de los empleados de la compañía implicados" en los presuntos hechos delictivos que investiga.
El ministerio fiscal abrió diligencias el pasado 28 de septiembre tras recibir varias denuncias y al considerar que había sospechas de fraude en la venta de millones de vehículos con un software que manipulaba sus emisiones contaminantes.
Los registros se hicieron hoy sin previo aviso con participación de tres oficinas fiscales y de cincuenta agentes de las fuerzas de seguridad del estado federado de Baja Sajonia, en el que se encuentra la central del grupo automovilístico.
Un portavoz de Volkswagen, en declaraciones a diversos medios, garantizó el total apoyo de la empresa a las investigaciones de la fiscalía y recordó que el grupo también presentó el pasado 23 de septiembre una demanda ante la fiscalía de Braunschweig.
En un primero momento este organismo informó de que las diligencias se centraban en el expresidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, quien dimitió poco después de conocerse el escándalo, pero más tarde aclaró que se trataba de una investigación contra desconocidos.
Su objetivo es identificar a las personas implicadas en la manipulación de los motores, un escándalo que afecta a once millones de vehículos en todo el mundo, según ha reconocido la propia empresa.
La investigación en Alemania corre en paralelo a las abiertas en otros países europeos después de que las autoridades medioambientales estadounidenses destaparan el escándalo.
Por el momento sigue siendo una incógnita quién tomó la decisión de instalar el software que permitía manipular a la baja las emisiones de los vehículos que se sometían a los controles medioambientales.
El presidente de Volkswagen en Estados Unidos, Michael Horn, subrayó hoy ante un comité del Congreso estadounidense que no supo hasta el 1 de septiembre de este año que se había utilizado un software ilegal.
Hasta entonces, señaló, sólo tenía constancia de que algunos de los vehículos diesel no cumplían la normativa nacional de emisiones.
Según informaciones del diario alemán "Süddeutscher Zeitung" y las emisoras regionales NDR y WDR, la instalación del software en vehículos matriculados en Europa también tenía como objetivo sortear los controles de emisiones que se aplican en la UE.
La comisión de investigación creada en el Ministerio de Transportes tras el escándalo volverá el próximo martes a la sede central de Volkswagen, a la que hoy se trasladó el ministro de Economía y vicecanciller, Sigmar Gabriel, para reunirse con representantes del comité de empresa.
Su principal preocupación, el futuro de los 600.000 empleados que tiene en todo el mundo el consorcio, que en el primer semestre de este año se convirtió en el mayor fabricante automovilístico del mundo al superar a Toyota.
Gabriel pidió no abrir un "debate general" sobre la industria del automóvil o del diesel para evitar "dañar de forma grave al país e incluso a Europa".
En el caso de Alemania, avanzó que el Ministerio de Trabajo estudia ya la posibilidad de ampliar la norma que regula la reducción de jornada por descenso de la producción a los trabajadores subcontratados.