El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, manifestó ayer a EL DÍA que "si se demuestra que los bonos de gasolina se usaron de forma irregular, los trabajadores responsables serán sancionados", en referencia a la denuncia puesta por miembros de la Policía Local ante la Fiscalía, donde se afirma que existe personal municipal que carga al erario público el repostaje de sus vehículos con los vales del consistorio, aunque los utilicen para fines privados.
Matos subrayó que "hemos abierto un expediente de información reservada en dos direcciones. No en una sola, ¡en las dos! Una para conocer cómo actuaron los agentes, pero no por poner la denuncia, que lo pueden hacer, sino por las formas a la hora de buscar datos en la gasolinera que opera con el ayuntamiento; y otra, como es lógico, para conocer el uso que trabajadores municipales están haciendo de los bonos de gasolina. Con ese expediente no se está coaccionando ni presionando el trabajo de absolutamente nadie. Se está haciendo lo correcto, ya que lo único que se busca es saber qué ha ocurrido".
El alcalde afirmó que "hay personal que cede su vehículo al ayuntamiento y los utiliza para trabajar, por lo que es normal que al menos se les pague la gasolina. No se les abona el kilometraje ni las ruedas, aceite ni cualquier otra cosa del coche. Pero no solo los propietarios de esos cuatro vehículos que se reflejan en la denuncia, sino otros más", entendiendo que "reponer gasolina el fin de semana, por la tarde o un día festivo no significa nada, ya que incluso esos días se puede estar trabajando para el ayuntamiento. Suele ocurrir, no es tan extraño". De todas formas, "todo se investigará. Si lo han utilizado mal, no dude de que habrá sanciones. Vamos a esperar a que hayan unas conclusiones".
Sergio Matos resaltó que no solo se investigará "el gasto en sí" de los bonos, sino "si se están utilizando para repostar coches que no trabajan para el ayuntamiento, lo que sería muy grave". El regidor municipal quiso hacer hincapié en que el expediente abierto no es solo, por tanto, "para conocer cómo actuó la policía, que también me parece muy importante saberlo". Y es que "resulta extraño que la denuncia esté centrada en estos cuatro vehículos".
La acusación fue presentada ante la Fiscalía por miembros del Cuerpo bajo el "escudo" sindical, el día 6 de febrero de 2005; es decir, antes de las elecciones de mayo, cuando en el ayuntamiento se estaba viviendo un enfrentamiento entre agentes y funcionarios por la consolidación salarial de los primeros. El fiscal se puso en contacto con el ayuntamiento más recientemente, en concreto el alcalde recibió una petición urgente de documentación el pasado mes de agosto.