En este país la gente sueña con hacerse millonaria a través de la suerte. En nuestras tradiciones culturales existen pocas referencias a personas que lograron hacerse a sí mismas y triunfar en el mundo de los negocios gracias a su propio talento y a un trabajo duro. No son un modelo de conducta. Lo que más prospera en el terreno de la imagen es el jugador de fútbol brillante que cobra cifras astronómicas, el cantante de moda que vende millones de copias de un disco o el afortunado que se sacó un premio en un sorteo.

Los empresarios, en cambio, tienen muy mala imagen. Es un auténtico misterio cómo se puede tener mala opinión de un emprendedor que ha logrado crear una empresa floreciente, que genera puestos de trabajo y riqueza y en cambio se adora a un futbolista, un tenista o un piloto de Fórmula 1 que declara sus impuestos en un paraíso fiscal lejos de España. Son las cosas de la España del Lazarillo, que hace concursos de televisión para buscar cantantes, equilibristas o actores, pero no dedica ni medio segundo al mundo de la empresa.

La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, ha tomado una decisión acertada: eliminar los sorteos para las adjudicaciones de viviendas sociales. Aunque parezca increíble hasta hace poco se adjudicaban las viviendas a las personas más necesitadas a través del mismo sistema de la tómbola por el que se sorteaba la muñeca chochona en las verbenas del pueblo. Los niveles de necesidad, llegados a determinado punto, son tan similares que a veces es muy difícil establecer prioridades. Por eso se recurría a la suerte que es un sistema tan ciego como injusto.

La decisión de Patricia Hernández supone que los responsables públicos van a tener que afinar para estudiar mejor cada caso de las familias que aspiran a las viviendas. Es decir, más trabajo. Pero será un sistema mucho más justo, sin duda alguna. Y conviene recordar, también, que hay miles de familias que siguen esperando. Y que eso ocurre en una sociedad contradictoria en la que las prioridades no están bien fijadas.

Dice la Constitución española, en su artículo 47, que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. No dice que tengan derecho a un pabellón de deportes digno, ni a un aeropuerto digno, ni a una autopista digna. Dice lo que dice. Pero para el Tribunal Constitucional ese artículo no significa que haya que interpretarlo en sentido literal. O lo que es lo mismo, que ellos consideran que no dice lo que quiere decir. Los jueces en este país se han convertido en un poder que interpreta la conveniencia política.

Es un poco vergonzoso que con la que ha llovido aún no tengamos cubierta la necesidad de un techo para cada familia necesitada. No será porque no haya habido ladrillo. Será más bien porque nadie se ocupó de ello hasta hace muy poco tiempo.