El Gobierno dio ayer luz verde a la normativa que regula el autoconsumo eléctrico, una actividad que permite a los usuarios generar su propia energía, firme en su idea de que los que opten por esta opción y se conecten a la red tienen que seguir contribuyendo al pago de los costes del sistema.

La polémica normativa establece dos exenciones en los peajes que deberán abonar los productores para contribuir al mantenimiento del sistema: los extrapeninsulares -en Canarias y en Baleares la generación convencional es más cara que la distribuida- y los usuarios que tengan una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (kW), que coincide con los hogares. Pese a la polémica y las críticas recibidas desde el sector fotovoltaico o las asociaciones ecologistas, el Gobierno volvió a defender ayer que los que opten por ponerse una instalación para generar y consumir su electricidad -fundamentalmente placas solares- pero quieran seguir conectados a la red, deben contribuir a todos los costes del sistema.

La norma, subrayaron ayer desde Industria, "garantiza la sostenibilidad económica del sistema y el reparto adecuado de las cargas", y evita una situación "injusta" y "regresiva" para el resto de consumidores.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, indicó que habrá dos modalidades. La primera, para instalaciones por debajo de 100 kilovatios (kV) de potencia instalada en la que el autoconsumidor podrá verter a la red la energía que le sobre de su producción, pero sin cobrarla, y la segunda para instalaciones de más de 100 kV, en la que sí se permitirá vender esa energía sobrante.

En este caso, el titular de la instalación deberá estar inscrito en el registro de productores y se le pagará la energía al precio que marque el mercado en cada momento.

La factura eléctrica de todos los consumidores recoge tres conceptos: unos peajes para pagar los costes regulados, el coste del consumo de energía y los impuestos. En el caso de los autoconsumidores, sus costes se dividen en dos: la parte que consumen de la red y la parte que autoconsumen. No abonan impuestos ni el coste de la energía, pero sí unos cargos similares a los peajes.

Críticas

La Unión Española Fotovoltaica (Unef) apuntó ayer que los cargos pretenden frenar el desarrollo de esta actividad, cuando, a su juicio, el Gobierno debería impulsarlo como medida de ahorro y eficiencia energética que, además, contribuiría a aumentar la competitividad de las empresas de servicios y pymes. Por su parte, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) tachó la normativa de "esperpéntica" por haberse aprobado "sin consenso político ni territorial, sobre argumentos falaces y sin la legitimación social exigible".

Argumentos "a favor"

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, llegó a apuntar que el autoconsumo sin cargos es "lo más antisocial que existe", ya que las propias características técnicas de esta tecnología exigen un espacio mínimo, que se corresponde con las viviendas unifamiliares y que no es viable en pisos.