En las elecciones de 1999, siendo candidato a la Presidencia del Cabildo de Tenerife por el partido socialista, hicimos una propuesta sobre la organización general del tráfico en la Isla que se puede resumir como sigue: amparar desde las administraciones la gratuidad del servicio público de guaguas durante dos años consecutivos para los residentes, y el mantenimiento posterior de esta medida para los menores de 26 años y mayores de 65 y personas con discapacidad. Se podía matizar o modular, pero en lo esencial se trataba de una propuesta de choque para propiciar el uso masivo y la fidelización de usuarios a la guagua, que obligaría a la introducción de más unidades, carriles bus e intercambiadores en lugares estratégicos de la Isla. Un modelo distinto de movilidad al que hemos tenido.

La propuesta concitó el rechazo de la opción que ya gobernaba el Cabildo, y que ha seguido gobernándolo después, respaldada por los constructores, que querían más obras en carreteras (aunque las infraestructuras para la guagua también lo eran) y por el sistema de importación, concesionarios e ingresos fiscales y tributarios de todo tipo que gira en torno al mundo del automóvil en Canarias. Automóviles que fabrican otros y que se mueven con combustible que producen otros. Lo inesperado fue que una propuesta tan socialdemócrata y ecologista como aquella, encontrase el rechazo de algunas voces dentro del propio partido socialista con el argumento de que "los servicios público hay que pagarlos", dicho a propósito de la gratuidad de la guagua por dos años. Algunas de esas voces ahora defienden que el servicio público de los aparcamientos en zonas universitarias "no hay que pagarlo", aunque sus usuarios vivan en el área metropolitana y se puedan desplazar a los centros universitarios en guagua o en tranvía. Guagua y tranvía, por cierto, que son sistemas de transporte deficitarios, y universidad que debe al Ayuntamiento de La Laguna diez millones de euros en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles, generados en gran medida por el suelo ocupado por los aparcamientos, con más superficie que los propios centros educativos. Todo, instituciones y servicios, deficitarios que, por los visto, solo se pueden pagar con más financiación del Estado, mientras nosotros despilfarramos aquí en mala gestión, gastos superfluos, risas y fiestas. Eso sí, con la palabra crisis todo el día en la boca.

En los quince años transcurridos desde entonces, muchos servicios públicos se han diseñado de forma que culminan en el área metropolitana. Los grandes hospitales, porque los del Sur y del Norte no se terminan nunca. Las sedes de las administraciones, porque la administración electrónica y las ventanillas únicas, son un cuento. Un sistema, en fin, de gestión global de los recursos que contribuye a generar desplazamientos hacia el área metropolitana.

Ahora, la única solución parece ser la huida hacia delante: más vías improvisadas en las autopistas; vías ya planificadas que desaparecen, fruto de presiones ecologistas; variantes que surgen de la nada para sortear el último cuello de botella, que pronto será sustituido por otro, y polémica absurdas entre socios de gobierno sobre qué tramo del cierre del anillo insular es prioritario. Por eso, quince años después, es legítimo preguntarse si la gratuidad temporal de la guagua era más gravosa que el despilfarro de tiempo, calidad de vida y recursos que ahora contemplamos y padecemos.