La periferia de la ultraperiferia merece una consideración diferente. Esa es la opinión de Agrupación Socialista Gomera (ASG). "Las islas no capitalinas deben disponer de un estatuto jurídico singular, en el que se fijen las medidas estructurales y permanentes para compensar los sobrecostes de la doble insularidad y, en consecuencia, lograr la igualad de condiciones para todos los canarios", afirmó Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, en un comunicado de prensa remitido a este periódico.
Curbelo avanzó que este planteamiento será debatido en el próximo pleno del Parlamento, en el que ASG, único integrante del Grupo Parlamentario Mixto, presentará una Proposición no de Ley (PNL), para que se resarzan los sobrecostes de la doble insularidad.
Explica que Canarias está empeñada ahora en la tarea de conseguir que el ordenamiento legislativo español reconozca la lejanía y la insularidad del archipiélago y, por tanto, comporte medidas que no estén a expensas de los criterios del gobierno, sino que sean vinculantes y de obligado cumplimiento.
"Sin embargo, existe una doble insularidad que eleva considerablemente los efectos negativos de la distancia en el caso de las islas no capitalinas", añadió, antes de aludir al encarecimiento de los productos de primera necesidad, del transporte y, en general, de todos los bienes y servicios. "Si para el Gobierno de Canarias resulta fundamental conseguir un estatuto permanente dentro del Estado español para Canarias, resulta igualmente relevante conseguir que por parte de la Comunidad Autónoma se reconozcan de forma permanente y jurídicamente sólida los costos derivados de la doble insularidad y las compensaciones correspondientes", concluyó.
Por todo, ASG ha planteado una Proposición no de Ley (PNL) que recoge la necesidad de realizar un estudio específico de los sobrecostes de la doble insularidad y sus efectos; planea que en la redacción definitiva de la nueva Ley de REF se contemple de forma expresa un estatuto jurídico singular para las islas no capitalinas, y formula un acuerdo parlamentario, para que las medidas compensatorias sean reconocidas con en el futuro Estatuto de Autonomía de Canarias.