La sala 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife albergará, desde las 9:45 horas del martes, 19 de enero, hasta el 29 de febrero (fecha señalada para las pronunciar las conclusiones), el juicio contra los cinco empresarios titulares de las empresas que extrajeron árido de los barrancos de Güímar durante, al menos, 17 años.
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar, Sonia Martínez, emitió un auto, el pasado día 11 de diciembre, por el que abría juicio oral imponiendo fianzas por un importe superior a los 279,3 millones de euros, distribuidos entre Áridos del Atlántico (69,5 millones), Áridos del Sur (66,4 millones), Hermanos Morales Martín (62,9 millones), Áridos Puertito de Güímar (41,3 millones) y Áridos Canarios (39 millones). Todas estas industrias están acusadas por la Fiscalía de un presunto delito medioambiental, entre otras cuestiones.
Los magistrados Joaquín Luis Astor Landete, presidente de la Sala; Fernando Paredes Sánchez, ponente, y Jaime Requena Juliani serán quienes juzguen una causa que comenzó con la denuncia que presentaron Francisco Javier Hernández Armas (entonces, durante el mandato 1999-2003, era el único concejal güimarero del PNC) y el agricultor Jesús Segundo Jorge Díaz. Además, está personado el Ayuntamiento de Güímar, que pide 209 millones de indemnización.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial también decidirá sobre la petición de inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con esta por un periodo de cuatro años, así como una multa de 30 meses, indemnizar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) por los daños causados en la cuenca, además de no concurrir a cargo público durante el periodo de la condena.
Solo el caso de Hermanos Morales contó con licencia municipal, la cual incumplió al exceder la extracción a áreas no autorizadas. También algunas tuvieron la Declaración de Impacto Ambiental concedida por la Cumac (hoy, Cotmac) y la Dirección General de Industria también otorgó una autorización condicionada.
Eso lo refleja la Fiscalía, al igual que el hecho de que ninguna de las cinco industrias dispuso de la autorización de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno canario, ni las calificaciones de actividad ni territorial. Estos documentos son preceptivos.
La apertura de juicio oral fue solicitada por la fiscal Inmaculada Violán, quien plantea cinco años de cárcel para los empresarios titulares (entonces, hoy algunas pertenecen a bancos) de las empresas citadas: Antonio Plasencia, José Enrique Morales, Francisco Javier del Rosario, Fulgencio Díaz y Pedro Sicilia.
A la sesión inicial del juicio oral, el martes, 19 de enero de 2016, le seguirán otras dos el jueves (21) y el viernes (22) de esa misma semana. Se abrirá un paréntesis hasta los días 3, 4 y 5 de febrero de 2016. Otro descanso y el 15 de febrero comenzará el tramo final de declaraciones en la sala hasta llegar al 29 de ese mes.
La Cotmac, rotunda
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) señaló en el año 2003 que "en las zonas de los barrancos de Güímar, gran parte de las explotaciones mineras allí existentes vienen operando desde hace años con clandestinidad y no cumplen con las autorizaciones preceptivas o incumplen la normativa vigente, así como que ninguna dispone de la oportuna licencia municipal". Lo pone de manifiesta la Fiscalía, que sigue haciéndose eco del informe del órgano de control territorial del Ejecutivo autonómico, exponiendo en la causa que los trabajos de las industrias se hicieron "de manera poco ortodoxa y caótica, con extracciones diseminadas a lo largo y ancho del valle, bajo ningún control, a base de excavar enormes hoyos, algunos con más de 60 metros de desnivel, con evidente peligro para trabajadores y vecinos, advirtiéndose una importante degradación para el medio ambiente". La actividad se prolongó varios años.