El edil de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Tacoronte José Daniel Díaz, que también ejerció como abogado en la causa, anuncia que "el Juzgado de lo Social Número Dos de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado de nuevo al consistorio a readmitir antes de este viernes día 16 a las ocho trabajadoras de la Escuela Infantil Municipal La Bombillita Feliz -despedidas en agosto de 2014- y a indemnizarlas con 130.000 euros por los salarios que han dejado de cobrar desde que se cerró la guardería".
Díaz ha hecho público a través de la red social Facebook la existencia de un pronunciamiento judicial del pasado día 8 que obliga al Ayuntamiento de Tacoronte a readmitir a las trabajadoras y a pagarles todos los sueldos pendientes por un servicio que fue suspendido y que dejó sin guardería a 57 niños de 0 a 3 años.
"Esos 130.000 euros los tendremos que pagar todos los vecinos y vecinas a causa de la mala gestión y falta de miras del actual alcalde, Álvaro Dávila (CC), que ha sido advertido en varias ocasiones de las consecuencias de este asunto. Se negó a cumplir la sentencia y ahora nos toca pagar a todos los tacoronteros por un servicio que no hemos recibido por su responsabilidad personal. Es fácil disparar con pólvora ajena y entablar pleitos eternos que se acaban perdiendo y que, según mis cálculos, ya llevan más de 500.000 euros perdidos del dinero de todos".
Para Díaz, el resultado de este proceso que inició el gobierno de CC en 2014 es "lamentable": "Como concejal, pero sobre todo como ciudadano de Tacoronte, exijo responsabilidades".
A finales de abril de 2015, el Juzgado de lo Social había declarado nulos los despidos de las trabajadoras , y condenó al ayuntamiento a readmitirlas y pagarles los salarios pendientes. Esa sentencia no se cumplió de forma voluntaria y las afectadas pidieron su ejecución.
las claves
El Juzgado de lo Social da cinco días al ayuntamiento para readmitir e indemnizar por los salarios que no han percibido a las ocho trabajadoras de la guardería municipal, cerrada desde septiembre de 2014.
El alcalde, Álvaro Dávila (CC) justificó en su momento los despidos por una sentencia judicial que presuntamente los obligaba a "no renovar los contratos".
El consistorio ha anunciado su intención de sacar a concurso la gestión de la guardería, pero desde abril de este año hay una sentencia que obliga a readmitir a las ocho trabajadoras del centro.