Terminaron (nadie lo cree) los revuelos efectuados alrededor del Anillo insular a raíz del viaje del presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, a la sede del Ministerio de Fomento para tratar de reconducir este viejo asunto dilatado en el tiempo gracias a ese formidable perfil que identifica y diferencia a los tinerfeños del resto de los canarios, sobre todo de los grancanarios que siempre han actuado, todos a una, en pro de sus infraestructuras que giran en torno al venerado Roque Nublo. Restan unos pocos kilómetros para finalizar la carretera de La Aldea, obra que concluirá antes de que por Tenerife se ultime el noble deporte de inmiscuirse unos y otros en una misma cuestión. Existe un empecinamiento en perpetuarse en el tiempo, olvidando que en otra época no existía la Comunidad Autónoma canaria ni, por lo tanto, el Gobierno regional, ni José Luis Delgado, director de Infraestructuras viarias, con quien se han enfrentado para calentar, no solucionar, el ambiente. Se ha insistido desde el Cabildo tinerfeño en reclamar al Gobierno de Canarias la transferencia de las competencias en carreteras de interés regional. ¿Se olvidó Carlos Alonso de que el presidente de Canarias es Fernando Clavijo?
Esta visita política ha servido para destapar una situación enredada dentro del pacto entre neonacionalistas y socialistas-obreros. Y es que buena parte de Coalición Canaria ha expresado su malestar por la tournée del antes "popular". Unos pocos insularistas están con él y otros se frotan las manos porque asisten a una posible ruptura después de las elecciones generales del 20 de diciembre. Aupar a Patricia Hernández no es camino fácil... por ella misma. Esto es otra historia que el tiempo desvelará. Lo único en lo que todas las partes están de acuerdo, después de haber reculado Alonso con sus amenazas, es terminar con el abandono al que están sometidos los miles de usuarios que, cada día, propalan un vocabulario excepcional por esas autopistas del Norte y Sur con dirección a Santa Cruz, sin olvidar a los vecinos de La Aldea, en Gran Canaria (ni un euro de desvío en lo presupuestado para esta obra). El ridículo mantenimiento de la red viaria tinerfeña, achacable al Cabildo, es intolerable y constituye una monumental falta de respeto al ciudadano.
Las discordancias deberían terminar si se entra en la página oficial del Gobierno de Canarias, donde se detallan, de manera clara, las competencias en carreteras especificadas en el Decreto de 23 de septiembre de 2011, es decir, anteayer. Huyendo de una farragosa relación, resumamos que "las funciones que corresponden al Ejecutivo canario en carreteras pasan por elaborar el Plan de Canarias y sus revisiones; preparación de las normas técnicas en materia de planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de toda clase de carreteras; proyectar y dirigir la construcción de carreteras de interés de la Comunidad Autónoma y dirección técnica de las obras; ejecutar las actuaciones necesarias en los tramos de una red arterial, a falta de acuerdo entre las Administraciones interesadas; cesión de carreteras autonómicas cuando éstas adquieran la condición de vías urbanas; aprobación, modificación y revisión del planeamiento territorial y urbanístico que afecte a carreteras de titularidad autonómica...". Como remate, y en materia de infraestructuras ferroviarias, "elaboración del informe sobre la planificación ferroviaria insular y sus revisiones" (los trenes de Melchior). Entonces, ¿dónde descansan las competencias y a santo de qué esa cohetería insular?
La nueva consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón, ha permanecido acertadamente missing mientras se producían las maniobras maquinadas desde algunas instituciones. Se ha fraguado mucho desde el PP, responsable primero del incumplimiento del Convenio de Carreteras. Sosegada y razonablemente, la señora Chacón ha dejado claro que "ni muchísimo menos" el Ejecutivo regional vaya a financiar el Tren del Sur de Tenerife. Ha comentado, asimismo, que defiende la "lealtad institucional" y el "respeto a las competencias de cada administración" (el que tenga oídos, que oiga). La consejera apela (aquí su gran acierto) a la coordinación entre administraciones para fijar las prioridades en las carreteras de Canarias. La cordura tuvo que llegar de la mano de una política majorera, mientras en las dos islas capitalinas ha vuelto a reverdecer el pleito bobo y caciquil. Si alguien aún no se ha enterado de lo que ocurre, despejamos las dudas acudiendo al sabio Refranero español: "Cada cual en su casa, y Dios en la de todos". En la del Cabildo tinerfeño ha entrado una denuncia de la Fiscalía por presuntas ilegalidades detectadas en el área de carreteras por un importe de 17 millones de euros en facturas sin justificar entre 2007 y 2011. Nueva contingencia.