Impacto y preocupación. Fueron las sensaciones que ayer imperaban entre las personas que pernoctan en el asentamiento chabolista del entorno del pabellón Pancho Camurria. A través de los medios de comunicación, desde Radio Club a primera hora hasta EL DÍA más tarde, supieron de una hipotética fecha límite para el desalojo del llamado barrio 82 de Santa Cruz: mediados del mes que viene, noviembre, entre el 15 y el 17. No es oficial porque desde las concejalías de Asuntos Sociales y Seguridad no quisieron hacer ayer declaraciones. El alcalde, José Manuel Bermúdez, negó cualquier tipo de ultimátum.

El consistorio ya anunciaba el pasado julio el derribo de las chabolas con la idea de vallar la zona e impedir una nueva "ocupación". Bermúdez advirtió públicamente de que "no se tirará ni una hasta que los profesionales del IMAS logren convencer a cada uno para que las abandonen por seguridad y malas condiciones higiénico sanitarias".

Según los residentes, "la UMA (Unidad Móvil de Acercamiento) ha hecho los últimos días un sondeo para conocer la situación de cada uno de nosotros".

Moisés, de Sierra Leona, lleva desde 1997 en la Isla y en el asentamiento casi desde que se levantó. Lo tiene claro: "Si no me dan alternativas, no me voy. Y si me echan, monto la caseta en otro lado Y no solo yo. Aquí tengo mi cocinita, mi neverita, mi sillón y mi cama. Un tesoro, una mansión".

"Hoy (ayer), explica, me traje un termo eléctrico de Tomé Cano y espero hacerlo funcionar. Con esas chapucillas y los domingos en el Rastro, voy tirando". Lo corroboran Mario y Peter, dos polacos "errantes", o Isidoro, Isi, del país, quien apunta sin explicar más: "Hace 15 días me quedé sin caseta".

La mayoría, entre 21 y 17 "familias", explican, "tenemos todos nuestros datos en las instituciones o en manos de la Plataforma, la PAH, que nos ayuda. Aquí hay más gente, pero esos tenemos expediente". El rechazo al Albergue como alternativa es frontal: "No vamos a ir, ya hemos estado y para dormir como perros en el suelo, mejor la calle y en libertad".

"Aquí no solucionan nada si tiran las casetas sin más. Las haremos en otro lado", concluyen.

Ana Mendoza: "Caso a caso y nunca manu militari"

"Estuve otra vez allí este último domingo con el párroco de Miramar y se esconden muchas realidades". Así se manifestó ayer la activista Ana Mendoza, en cuya opinión "hay que informar mucho a los interesados para no cometer errores como el reciente del piso-albergue en La Salud. Hay que ir caso a caso, persona a persona y con un seguimiento individualizado. Aquí habría una embarazada e incluso una persona con cáncer. Conozco a una pareja y ella solo va el fin de semana. Primero hay que reinsertarlos y luego plantear el alquiler social. Hay patologías, enfermedades... Están preocupados por si intervendrá la Policía. Eso nunca. Y que no venga solo la UMA, sino el concejal o hasta el alcalde. Y buscar alternativas, por ejemplo con los extranjeros, que hay muchos , y sus respectivos consulados".