Bernardo Pizarro Hernández es un ingeniero en telecomunicaciones, vinculado desde hace treinta años a la Administración canaria y sus empresas. Con sesenta años cumplidos, Pizarro ha sido siempre considerado como el clásico "g-men", un hombre del Gobierno, al que ha dedicado toda su vida profesional con la excepción de unos pocos años en los que se desempeñó como profesor de electrónica en el Instituto de Formación Profesional del Puerto de la Cruz. Fue fichado en 1984 por la Consejería de Educación, entonces dirigida por el socialista Luis Balbuena, y de ahí paso más tarde a la Consejería de Turismo y Transportes, y luego a la de Pesca y Alimentación. Empezó como asesor en Informática, y a medida que fue avanzando el peso de la informática en la vida pública, también fue escalando posiciones: jefe de Análisis y Programación, jefe técnico de Sistemas, subdirector de Informática y finalmente director de Informática. Hasta que le ofrecieron el trabajo de su vida en uno de los puestos mejor remunerados de la cosa pública canaria: director gerente de la empresa responsable de la cartografía y mediciones del terreno en Canarias, GrafCan, dónde logró consolidar un sueldo de 120.000 euros, muy superior al del presidente del Gobierno. ¿Por qué? La explicación tradicional de que es imposible encontrar en la empresa privada gente con nivel sin un gran salario no se sostiene. Pizarro, el hombre que sobrevivió a todas las administraciones, no venía de la empresa privada. Su sueldo tiene más que ver con sus buenas relaciones y la leyenda que le atribuía milagros en la gestión de GrafCan, la "joya de la corona" de las empresas públicas canarias, y una de las primeras en buscar la rentabilidad económica vendiendo sus servicios fuera.

Precisamente, Pizarro ha pagado ahora esa búsqueda salvaje e incierta de la rentabilidad a toda costa. En el mes de febrero de 2014 fue cesado de su cargo como director gerente, que le permitía firmar en solitario las operaciones y mantener al consejo al margen de la contabilidad. Sin embargo, se le mantuvo en la empresa hasta hace menos de un mes, cuando fue despedido. Los motivos de su despido se hicieron públicos a regañadientes por la Consejera de Política Territorial después de que fueran un secreto a voces en mentideros y redacciones. Un informe encargado por el anterior consejero, Domingo Berriel, vino a demostrar que Pizarro se había pasado de la raya al hipotecar la sede de GrafCan en Gran Canaria para poder avalar una operación con el Centro Nacional de Registros de El Salvador. Con esta entidad gubernamental salvadoreña, se suscribió un proyecto realizado en UTE con dos empresas gemelas y del mismo nombre, radicadas en España y El Salvador, que son las que se llevan la parte del león del contrato, casi un 90 por ciento. Para participar en una pequeña parte, GrafCan avaló toda la operación con tres pagarés por 2,5 millones de euros. Es cierto que la seguridad jurídica de los contratos internacionales deja a veces bastante que desear, pero nada explica que Pizarro arriesgara avales multimillonarios en un contrato en el que GrafCan sólo participa muy minoritariamente. Y las sospechas se dispararon al detectarse gastos de Pizarro sin justificar, realizados en fines de semana y festivos, por encima de los 6.000 euros. Pizarro se enfrenta ahora a una investigación en toda regla de su gestión y finanzas personales. Y es que el diablo se esconde siempre en los "pequeños" detalles.