La institución del Defensor del Pueblo recabó del Ministerio de Interior la entrega de las pertenencias que, al parecer, le fueron incautadas al empresario R.E.G.M. el 8 de agosto de 2011, durante el registro de tres dependencias, momento en el que los efectivos del Grupo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Playa de las Américas requisaron "documentación, material informático, efectos, bonos y el equivalente a cinco millones de euros", según consta en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona tras la querella criminal presentada por el empresario. Nada de ello fue entregado en el Juzgado, según certificó la secretaria judicial.
El Defensor del Pueblo ha requerido de la Dirección General de la Policía la entrega del dinero que reclama el empresario advirtiendo de que, en caso contrario, dará traslado de este expediente para ser abordado en el marco de las Cortes Generales. Todo ello, a raíz de la nueva documentación a la que tuvo acceso la institución, según las fuentes consultadas.
En una comparecencia que data del 20 de febrero de 2014, la Secretaría del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona certifica que el equipamiento informático que se le iba a entregar en el acto a R.G.E.M. se encuentra "visiblemente manipulado, estando algunos de ellos vacíos (solo la carcasa del ordenador) y solo en uno hay un disco duro de arranque". Además de pormenorizar en otros elementos, la funcionaria apunta que "tampoco está la documental que le intervinieron".
Este documento forma parte de las diligencias previas del sobreseído caso Rayo (procedimiento 124/2011), como también fue sobreseído el caso Mangosta (2012), por el que el empresario llegó a ser detenido. Empresario que ya trasladó al juzgado que "puedo demostrar que no es la primera vez que no aparece lo requisado en sus registros".
El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Arona, Nelson Díaz, también investiga a efectivos de la Comisaría de la Policía Nacional de Playa de Las Américas por este presunto delito.
Nombres de agentes que coinciden en varias causas
El caso abierto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona por la querella interpuesta por el empresario contra agentes del Grupo de Seguridad Privada del CNP en Playa de las Américas afecta a efectivos policiales que también figuran en la causa que se sigue por las presuntas amenazas a Inocencio Doble, exconcejal del PSOE en Santiago del Teide, y a su familia así como en la denuncia que interpuso el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4, Nelson Díaz Frías (decano de los Juzgados de Arona), ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informando de las supuestas maniobras de un agente y de un inspector jefe del CNP para desacreditarlo, separarlo de la carrera judicial y cambiarlo de destino.